Esta obra ante todo se propone resolver el problema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que tiene su referencia en el artículo 149.1.29.a CE y su expresión clave en la «seguridad pública». Desde allí empieza su tarea Casino, allí comienza a cavar y, claro, lo primero que encuentra, son una serie de sentencias del TC que analiza y eventualmente critica. No satisfecho, a partir de ahí busca ayudas por otras vías, hace catas, sondea en distintos lugares. Indaga en muchas de las exposiciones doctrinales más reveladoras, incluidas algunas de autores españoles clásicos no suficientemente estudiados. Explora muchos caminos, escoge casi todos los buenos, abandona casi todos los malos y refuta los prejuicios que tanta obscuridad han arrojado sobre en esta materia. En todo ello va encontrando elementos valiosos y preciosos para su concreto objetivo y para los otros de mayor calado.

La seguridad pública como valor fundante de los cimientos del Estado de Derecho Democrático traduce dos atributos para su explicitación: su carácter ciudadano (convivencial) y su carácter jurídico (normativo); por ello los autores hablan traslativamente de seguridad ciudadana y seguridad jurídica. La seguridad pública es el ecuador democrático de dos plos de confrontaciones antijurídicas; el abuso del derecho y el abuso del poder. En su mérito la teoría jurídica desarrolla los límites y responsabilidades tipificadas ante el desorden individual y el desvío de la autoridad. Así, el orden público se erige como límite al accionar individual o convencional de la voluntad ciudadana, en tanto que la supremacía constitucional señala los límites dogmáticos del poder público como atributo de la autoridad. Sobre estos postulados Luciano Parejo Alfonso y Roberto Dromi construyen un sistema regulatorio de la seguridad pública, con el prisma del Derecho Administrativo, en el renovado accidente de la política de integración, participación y solidaridad.