El objeto del presente texto es estudiar de qué manera reconoce el Sistema de Justicia Penal Acusatorio a los Derechos Humanos. El proceso penal advierte una nueva visión de justicia penal en relación con el papel que ejerce el órgano acusador, el Ministerio Público cuenta con atribuciones de persecución del delito y ejercicio de la acción penal encaminadas a garantizar la seguridad jurídica del proceso. Con relación a las partes del proceso, encontramos un modelo de justicia más respetuoso de las garantías procesales; asimismo, se constata de manera muy positiva que el diseño determinado para el proceso se ve revestido por los derechos de presunción de inocencia y dignidad humana. Si bien, aunque fue aprobado un sistema garantista, a contrario sensu en el proceso penal existen limitaciones constitucionales en materia de DH, se trata de la pugna que existe entre derechos individuales frente a la expresión del interés de la comunidad, en este caso, la seguridad pública. El legislador constituyente diseñó el subsistema de derechos fundamentales y sus límites, al igual que lo hizo el legislador ordinario con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Esta obra condensa diversas ponencias presentadas por los expositores en el marco de las XXXVI Jornadas Internacionales de Derecho Penal, realizadas en la Universidad Externado de Colombia los días 20, 21 Y 22 de agosto de 2014, que versaron sobre "Justicia y posconflicto" como tópico de debate, así como algunas exposiciones socializadas en las xxxvnJornadas Internacionales de Derecho Penal, "Problemas actuales de la justicia penal", llevadas a cabo en esta misma Alma Máter durante los días 12, 13 Y 14 de agosto de 2015. Los foros reseñados tuvieron, entonces, como denominador común el abordaje de múltiples temáticas que guardan estrecha relación con aspectos transversales de la justicia penal, en concreto, las principales situaciones problemáticas y los retos actuales que afronta el sistema de enjuiciamiento penal, tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como desde la perspectiva de la actual situación del país, de cara al avance del proceso de paz, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que supone la adopción de un modelo de justicia de transición del estado de guerra hacia una situación de paz estable. Se trata de una materia que ocupa actualmente y, sin lugar a dudas, seguirá captando la atención no solo de la academia, sino también de los operadores judiciales, los abogados y estudiosos del derecho en general, como quiera que se trata de fenómenos que conservan su vigencia y ameritan la formulación de estrategias para optimizar la administración de justicia penal.