El segundo volumen de Derecho Penal de Principios se dedicado al análisis de los principios fundamentales. Constituye una reflexión incisiva y práctica sobre tres principios fundamentales del Derecho Penal: legalidad, proporcionalidad y culpabilidad. YVAN MONTOYA VIVANCO es Doctor en Derecho penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca (España). Es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú donde imparte docencia en los cursos de Derecho penal a nivel de pregrado y posgrado. Ha impartido docencia como profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de León y en la Universidad de Salamanca, en España. Entre sus principales publicaciones destacan El Delito de Tortura en el Perú (1999); El Derecho Internacional y los delitos (2007); La desaparición forzada de personas como delito permanente. Consecuencias dogmático – penales (2009); junto con otros autores y bajo su coordinación Manual sobre delitos contra la Administración Pública (2015) y junto a Rodríguez, Lecciones sobre el delito de trata de personas y otras formas de explotación (2020).

"El Derecho penal de hoy es un Derecho público, normativo, valorativo y finalista que tiene la norma y el bien jurídico como polos de su eje y cuya naturaleza es eminentemente sancionadora. El Derecho penal de hoy es un Derecho público, porque sólo el Estado es capaz de crear normas que definan delitos y que impongan sanciones en holocausto al apotegma liberal nullum crimen, nulla poena sine lege. El Derecho disciplinario, que una sociedad puede aplicar a los miembros que la forman, nada tiene que ver con el Derecho penal de carácter público, y por eso, al fijar el “tipo”, puede permitirse la vaguedad que le está prohibida al legislador en sus Códigos. Desde muy antiguos tiempos el Derecho penal lucha por hacerse “público”, es decir, objetivo, imparcial. En último término, para lograr ese rango que andando el tiempo se titulará liberal. La lucha entre la “venganza de sangre” o la “expulsión de la comunidad de la paz”, reacciones de las tribus contra el delincuente, sin medida ni objeto, y el “poder del Estado” para convertir en públicos los castigos, es un combate por la imparcialidad (y, por ende, por el liberalismo) de nuestra rama jurídica". Luis Jiménez de Asúa.