Se establece que las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada seis años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución...” (Artículo 44). La obligatoriedad, que generó más de una crítica y resistencia por ser un punto de fricción con la autonomía, fue en su momento justificada como necesaria, “hasta que se consolide una cultura de la evaluación”, en relación con el escaso interés de las instituciones en la evaluación externa. Aunque discutible conceptualmente, y a PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 -2020 | 21 pesar de las resistencias iniciales, un número cada vez más importante de instituciones se incorporaron a procesos de evaluación y, poco a poco, se internalizó como una práctica regular y positiva para su desarrollo (Sánchez Martínez, 2002).