La información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la participación ciudadana y el propio acceso a la jus­ticia ambiental stricto sensu.

Hace ya veinte años que el Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia inició la colección Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente. En esa época, su creador, Óscar Darío Amaya Navas, se preguntaba por el papel del derecho en la preservación de la naturaleza, indicando que debía consistir en evitar su deterioro, impulsar sanciones efectivas para contrarrestarlo y desarrollar incentivos eficaces enel marco de una política coherente con el medio ambiente (Amaya Navas, 2000). Desde el primer tomo de la colección hemos sido testigos dela forma en que el derecho ambiental ha cubierto no solo las acciones que Amaya vislumbraba sino muchas más, pues a medida que se incrementa la crisis ambiental son diversos los asuntos objeto de intervención del derecho, con el fin de lograr la preservación del entorno natural, que sigue siendo el objetivo central de esta rama del ordenamiento jurídico. En todos estos años la colección ha mantenido varios de sus aspectos característicos, el primero de ellos, y quizás el más importante, ha sido la apertura de esta rama del ordenamiento jurídico a diferentes enfoques, pues así lo exige la estirpe pluralista, democrática y liberal del Externado.Es claro que los autores han gozado de autonomía para identificar los temas yel alcance de sus investigaciones de forma que los lectores pueden encontrar encada uno de los tomos diversos puntos de vista en los análisis jurídicos realizados. Sin dogmatismos, sin líneas directrices y sin condicionamientos, más allá de los formales y de técnica jurídica que permiten validar su calidad, valiosos escritos de distintas fuentes han nutrido la colección, dando a conocer múltiples perspectivas del derecho ambiental, desde estudios jurídico-históricos y jurisprudenciales, hasta análisis de casos y evaluaciones normativas nacionales y extranjeras. Otro aspecto característico de las Lecturas es que constituyen el espacio ideal para que los profesores den a conocer los resultados de sus investigaciones, lo que resalta su doble rol de profesores-investigadores, y corrobora que no solo tienen conocimiento práctico sino que han dedicado parte de su ejercicio profesional a la investigación jurídica y al aporte doctrinal en derecho ambiental, todo ello sin obstaculizarlas contribuciones de otros expertos que permiten acceder al conocimiento que se genera en otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras.

En La tutela judicial frente al daño ambiental colectivo el autor se propone someter a prueba la aptitud de los ordenamientos jurídicos de Argentina y España para abordar una pretensión de tutela ambiental colectiva. Realiza entonces un análisis comparativo partiendo de la siguiente premisa: la inadecuación de las normas procesales afecta no sólo al acceso a la jurisdicción sino también a la justicia ambiental misma, considerada desde una visión multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este cometido, el texto repasa la normativa supranacional dedicada al derecho de acceso a la justicia ambiental —incluyendo el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y revisa los sistemas de tutela desde la normativa, la doctrina y la jurisprudencia. El autor concluye su obra con consideraciones críticas y propuestas de modificación legislativa, las que entiende necesarias para una adecuada tutela del ambiente, y de los intereses difusos en general, en un contexto de conflictividad global creciente.

The central aim of this publication is to consider the key elements of a modern, comprehensive, and effective legal framework for successful management of protected areas. They provide practical guidance for all those involved in developing, improving, or reviewing national legislation on protected areas, be they legal drafters and practitioners, protected area managers, interested NGOs, or scholars. These guidelines include fifteen case studies, eight dealing with the protected area legislation of individual countries and six cases dealing with specific sites providing fundamental solutions that stand the test of time.