La inquietud que existe en nuestra sociedad por el aumento de la delincuencia juvenil, así como la ineficacia del endurecimiento de las sanciones contemplado en las últimas reformas de la Ley del menor, exige profundizar en soluciones educativas que se alejen del modelo de gestión de los riesgos. En este marco, la presente investigación ha tenido por objeto el estudio de la medida de libertad vigilada, regulada en nuestro ordenamiento jurídico como una de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal del menor, cuya implementación permite realizar un seguimiento de este muy de cerca, a través del cual puede llevarse a cabo una intervención sociopedagógica individualizada y de supervisión de sus actividades. Las principales conclusiones han sido tanto la necesidad de delimitar la finalidad educativa de esta medida como la obligación de reforzar las garantías penales y procesales que corresponden al menor. Así, pretender abordar la totalidad o gran parte de las carencias y problemas de los menores a través de la imposición de reglas de conducta u obligaciones añadidas a las establecidas en sentencia, conduce a que muchos de ellos con una gran desestructuración personal incumplan tales normas. A su vez, no puede desconocerse que la flexibilización de las garantías admitida en Derecho penal juvenil en aras del superior interés del menor, no puede traducirse en una merma de las mismas.

By taking literature as an ideal order with no space or time boundaries, the author approaches it by attempting to interpret literary facts synthetically, and always with the purpose of perceiving a unitary sense despite any dissonances there may be.

El marco donde se ubica este trabajo en materia de menores refleja el estudio y una línea de investigación constante de la autora que siempre ha sido consiente, que el estudio sobre el comportamiento antisocial de una persona es un fenómeno complejo que debe ser abordado de forma multidisciplinar, conforme a ello, ha trabajado a través de diversos estudios e investigaciones y actividades que ha desarrollado en el ámbito universitario y académico donde ha implicado a juristas, psicólogos, sociólogos, profesionales de la educación y de la medicina, cuyas intervenciones estima la autora necesarias para el tratamiento integral de los menores infractores. En la elaboración de este estudio introduce un personaje más, “el menor infractor” y se hace desde la posición privilegiada que le proporciona el desempeño profesional en los Equipos Técnicos de Juzgados y Fiscalía de Menores como demarcación para el estudio, y que sin pretenderlo se ha convertido en un verdadero observatorio del fenómeno de la delincuencia juvenil. Este trabajo aborda un discurso desde un marco teórico que enseguida acopla a la metodología de un estudio práctico. En el plano teórico ofrece una panorámica de las teorías sociológicas, psicológicas y biológicas sobre la delincuencia; estudia los factores que la predisponen y nos ilustra en un apartado específico de la incidencia que el “fracaso escolar” tiene en el fenómeno de la delincuencia en los adolescentes. Como la corriente de un río que va arrastrando lo que encuentra a su paso, nos dice que “la educación es una responsabilidad de toda la sociedad, por lo que incumbe a todos, desde padres, educadores, medios de comunicación social” y de una forma sutil insiste “pero son los profesionales de la educación y la familia los que deben tener mayor implicación”. Aborda los factores que desestabilizan al menor emocional, física y psíquicamente y que lo conducen de la falta de rendimiento escolar al absentismo, y de un tratamiento tardío de éste al fracaso escolar. A continuación, nos ilustra con un recorrido teórico de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del menor, y volviendo a incidir en la importancia de la educación del niño para una correcta integración social, examina la Ejecución de la Medida Judicial, pieza clave en el tratamiento del menor delincuente, y donde la Comunidad Autónoma de Andalucía, encargadapor la Ley de la Ejecución, es la obligada a aportar los medios materiales y personales necesarios para su éxito. En el apartado de la Ejecución, nos introduce en los centros de internamiento con los que ha trabajado; sin olvidarse de las medidas de medio abierto y de la enorme importancia de las Soluciones Extrajudiciales. En el plano práctico aborda el factor de la delincuencia juvenil empleando una metodología mixta en la investigación, realizándose una triangulación: cuantitativa respecto a la recolección de datos psicosocioeducativos y cualitativa respecto al discurso de los menores bajo medida judicial. Con la metodología cuantitativa se logra obtener una aproximación del perfil del menor infractor de Sevilla y su provincia que se le ha seguido un procedimiento judicial y al que se la impuesto alguna medida judicial, los datos utilizados son los recogidos en los informes obtenidos de forma directa en las entrevistas del Equipo y de forma indirecta de otros informes ajenos al de los Equipos Técnicos, como los obtenidos a través de las entrevistas. Para la metodología cualitativa la técnica utilizada para la recogida de datos ha sido el “grupo de discusión, destacando como elemento central de esta técnica el que al final de cada grupo de discusión se realice una comprobación de la grabación y elaborando un resumen de las observaciones con las características del grupo, puntos de acuerdo y desacuerdo, comunicación no verbal, tonos de la discusión, vocabulario, etc. Tras el meticuloso estudio concluye con “el perfil del menor en conflicto con la ley” abordando la importancia del entorno socio-familiar en el que se desarrolla el menor, la influencia de los tóxicos, de los malos tratos, del abandono etc., datos todos ellos de interés científico, social y político, en cuanto que nos orientan sobre los profundos cambios que aún nos queda por acometer en el tratamiento integral del menor para su reinserción evitando el conflicto con la ley. Personalmente, el trabajo con menores es un tema que también me apasiona y que hemos debatido en numerosas ocasiones y actividades realizadas, considerando que los contenidos pueden aportar además de los datos del estudio una experiencia profesional de gran valor que solo se consigue con la práctica del día a día... (de la introducción del libro a cargo de Ana María Hermosa Martínez)

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Jefatura del Estado Referencia: BOE-A-2000-641 - (Análisis jurídico) Publicación: BOE núm. 11 de 13/01/2000 Entrada en vigor: 13/01/2001 Última actualización publicada el 05/12/2006

La presente monografía nace del convencimiento de la necesidad de ofrecer a quienes se acercan a la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores una visión diferente a la que tradicionalmente ofrecen los manuales de derecho. Como su propio subtítulo visibiliza, es una obra de carácter introductorio, que ha pretendido que sitúe al estudioso de la materia en disposición de un conocimiento global desde el que poder adentrarse en este campo del derecho. Es un manual enfocado a estudiantes de derecho penal y de ejecución penal juvenil, motivo por el que no se han tenido en cuenta aspectos relacionados con el derecho procesal, más allá de una visión panorámica de los diferentes intervinientes en la jurisdicción de menores. En esa pretensión de ofrecer una visión diferente se han elegido cuidadosamente los aspectos que se querían abordar, y donde no podía faltar el análisis histórico y contextualizador de la justicia juvenil. La Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores es la parte central de este manual, si bien no en toda su extensión y con un enfoque distinto a los trabajos que sobre ella se han publicado. Su estudio se ha ordenado en torno a dos bloques temáticos. En el primero se lleva a cabo un acercamiento a algunos de los principios que están detrás de la Ley. Desde allí, junto a los intervinientes en esta jurisdicción, se hace un análisis de su ámbito de aplicación, de las medidas que prevé y de las reglas para determinar su aplicación. El segundo bloque se ha centrado en la ejecución de las medidas. En este análisis se ha tratado de recoger la experiencia del derecho penitenciario, de forma que el conocimiento de sus límites pueda servir de referencia a la hora de analizar el derecho penal juvenil, al que el legislador optó por dejar, en materia de ejecución, sin un derecho supletorio, a pesar de las importantes similitudes entre la Ley Orgánica 5/2000 y la legislación penitenciaria.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en el carácter primordial de la intervención educativa, que trasciende el procedimiento y las sanciones aplicables. Partiendo de este texto legislativo, esta obra pretende afrontar el análisis de la delincuencia juvenil en España buscando respuestas a variadas cuestiones de orden social (conocimiento de cifras de criminalidad juvenil e intervención preventiva de las ciencias psicosociales), jurídico (naturaleza y principios de un modelo de justicia juvenil y un estudio de derecho comparado), procesal (regulación concreta del procedimiento en los Juzgados de Menores y actuación de sus protagonistas), las alternativas a la intervención judicial (programas de mediación) y, finalmente, penológico (la imposición y ejecución de las medidas impuestas por el juez de menores y la participación de las Comunidades Autonómicas. Especialmente se tratan en éste libro los programas de menores en conflicto en Castilla-La Mancha). Con todo, este estudio interdisciplinario quedaría incompleto si no abordara la problemática de la inserción del joven que ha cumplido la medida impuesta y que debe integrarse plenamente en la sociedad con las máximas oportundidades de desarrollo pleno. Desde este fin es imprescindible fomentar y apoyar los planes de las Comunidades Autonómicas y entidades colaboradoras dirigidos a la inserción laboral y autonomía personal del menor infractor.