En el presente libro se efectúa un estudio de la teoría jurídica del delito o, más concretamente, de los elementos generales que tienen que concurrir para poder afirmar la existencia de un delito en el ámbito de un Estado de Derecho, entendido en sentido amplio. En los últimos años, con diferentes argumentos y pretextos, principalmente utilitaristas, el Derecho penal ha sido objeto de una constante y progresiva degradación, que se inserta en un contexto más amplio y preocupante de erosión de los derechos y garantías de los ciudadanos, de los límites frente al poder y de la seguridad jurídica. Es conveniente disponer de una teoría general del delito actualizada y verdaderamente ajustada a las exigencias propias de un Estado de Derecho, con citas y recomendaciones de doctrina y jurisprudencia recientes. Este libro, sin perder el rigor, está escrito con un lenguaje sencillo, adopta una sistemática uniforme, analiza y valora los principales criterios ensayados sobre los diferentes problemas que se plantean y contiene numerosos ejemplos, por lo que resulta muy útil para los estudiantes de Derecho. También es recomendable para los abogados, a la hora de plantear una defensa sustantiva bien fundamentada, y para el resto de los operadores jurídicos que busquen una perspectiva respetuosa con las exigencias y límites de un Derecho penal propio de un Estado de Derecho, sin recortes ni rebajas. La obra es fruto del esfuerzo, sacrificio y profunda vocación de sus autores, pero también de su exigente formación, de su actividad docente e investigadora de calidad, así como de los numerosos debates y discusiones que les han permitido llegar a relevantes consensos.

En el presente trabajo, hacemos una interpretación de los elementos del delito y cómo influyen en estos el Estado Social y Democrático de Derecho. Es un avance positivo la constitucionalizacion de los principios penales, esto repercute en garantías para todos los ciudadanos que se desenvuelven en la sociedad. Partimos analizando en el primer capítulo, un tema que consideramos crucial como son los límites del Ius Puniendi, puesto que es necesario que el Estado tenga los limites o fronteras en lo que se entiende por delito, que lo contrario seria un Estado en el que crearían normas punitivas a capricho de esta cuestión que no se compagina con los caracteres que brinda la constitución Española, es por esto, que decimos de manera general, los límites del derecho penal están marcados en el contenido del art. 1 del Carta Fundamental. Entrando ya en la teoría del delito, se estudia el delito desde sus perspectivas filosóficas como los pensamientos de los grandes maestros Romanos y Griegos, que han realizado valiosos aportes para una correcta interpretación del mismo profundizando estos conceptos con la doctrina Española como las definiciones de los doctrinarios MUÑOZ CONDE, SANTIAGO MIR PUIG, JOAN PICO i JUNOY en la doctrina Española. En la escuela Alemana -que es fundamental su aporte en esta materia- citamos a FRANZ VON LISZT, CLAUS ROXIN, JAKOBS GÜNTHER para llegar a decir de una manera clara y concreta que el delito es un hecho típico antijurídico y culpable. Analizamos el bien jurídico como elemento indispensable para definir la existencia o no del delito dejando claro que todo tipo penal debe tener un bien jurídico tutelado, lo contrario sería una norma inaplicable e inexistente.

Explicación y estudio detallado sobre la teoría jurídica del delito y la teoría del sujeto. Las razones que legitiman la imputación de responsabilidad penal en un Estado de derecho se explican, en el presente libro, a partir de dos postulados concretos: la concepción del derecho como razón al servicio de la convivencia libre y pacífica de las personas y la convicción de que el derecho penal protege la libertad que todos necesitamos para desarrollarnos en sociedad. De ahí que la libertad de actuación, restringida por el derecho penal, se legitime en la ponderación de que solo se puede limitar cuando su ejercicio menoscabe la legítima libertad de actuación de un tercero. A nadie, y menos al Estado, le asiste la prerrogativa de limitarla por otra razón. ¿Cuánta libertad de actuación es legítimo restringir para garantizar la propia libertad de actuación y permitir el libre desarrollo de la personalidad de todos por igual? La respuesta que se dé a la interrogante planteada condiciona la estructura y sistemática de la teoría del delito; pues es ella la que explica por qué y bajo qué circunstancias se prohíbe realizar determinados comportamientos (de riesgo para bienes jurídicos). Y, para hacerlo, deberá argumentar a partir de principios constitucionales y generales del derecho, de suerte que estos se plasmen y desarrollen en la mencionada teoría.