Analizar el sistema de seguridad colectiva internacional plasmada en las Cartas Constitutivas de 1919 y 1945 que crearon la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas con la óptica del proyecto hegemónico global estadounidense; investigar la adopción de los esquemas de seguridad colectiva internacional establecidos por las superpotencias en los organismos regionales:OTAN, Pacto de Varsovia y OEA-TIAR y, por otro, examinar las implicaciones de dicho enfrentamiento en el interior de la ONU con la aparición de las OMP y en las relaciones ONU-Organismos regionales hasta el fin de la Guerra Fría, analizar las implicaciones del reforzamiento y consolidación de la seguridad colectiva estadounidense en el Consejo de Seguridad con un nuevo orden mundial caracterizado por un contexto de lucha contra el terrorismo, y profundizar en la reestructuración del sistema de seguridad colectiva internacional dentro de las Naciones Unidas. El trabajo así estructurado contiene cuatro capítulos, en el primero trata de la evolución que tuvo la concepción de seguridad colectiva para promover la creación de la Sociedad de Naciones y después, como es institucionalizado, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el segundo capítulo se aborda el desarrollo de los diferentes organismos regionales de seguridad con la óptica de las superpotencias. También trata el surgimiento y evolución de las omp como producto del clima de tensión conocido como Guerra Fría. En el tercer capítulo se analizan las implicaciones del reforzamiento (fin de la Guerra Fría) y consolidación (11-S) del sistema hegemónico global estadounidense en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concretamente en los casos de Afganistán e Irak, así como también en sus estructuras de defensa regional, como la OTAN y OEA-TIAR. En el cuarto capítulo se abordan las principales propuestas de reforma a la carta de 1945 y la posición de la superpotencia estadounidense dentro de su concepto de “seguridad colectiva estadounidense”, así como las ensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia durante la administración Obama (2009-2017) que paralizaron cualquier intento de reformar la Carta de San Francisco y los pronunciamientos y actitudes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la Alianza Atlántica.

The North American Mosaic has four overarching features. First, it is, to the extent feasible, based on comparable information on the status and trends of major indicators of the state of the environment in Canada,Mexico, and the United States. Second, the report confirms that these three countries together make up an incredibly complex, dynamic, and interconnected ecosystem in which humans play a dominant and decisive role. Third, the report raises important and sometimes disquieting questions concerning the sustainability of some current trends. Finally, the report is a reminder that our economic, social, and physical well-being are utterly dependent on the life-sustaining services provided by nature. This report emphasizes the importance of developing mutually compatible economic, social, and environmental goals and policies across the three-country region.

Reflecting a global trend, scores of countries have affirmed that their citizens are entitled to healthy air, water, and land and that their constitution should guarantee certain environmental rights. This book examines the increasing recognition that the environment is a proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional courts. This phenomenon, which the authors call environmental constitutionalism, represents the confluence of constitutional law, international law, human rights, and environmental law. National apex and constitutional courts are exhibiting a growing interest in environmental rights, and as courts become more aware of what their peers are doing, this momentum is likely to increase. This book explains why such provisions came into being, how they are expressed, and the extent to which they have been, and might be, enforced judicially. It is a singular resource for evaluating the content of and hope for constitutional environmental rights.