Responsabilidad Civil por la conducción de vehículos a motor tanto en el ámbito Europeo como en el ámbito Español, un libro útil e interesante sobre estos temas.

El presente trabajo analiza la asunción de la responsabilidad civil en la conducción sin permiso de conducir: supuesto que está tipificado en el código penal como delito contra la seguridad vial, y que no debe ampararse en la contratación de un seguro de automóviles. En los casos que legalmente la cobertura se sitúa fuera del alcance del contrato de seguro, que la víctima tenga derecho al cobro de su indemnización, no implica que el pago deba realizarlo la aseguradora. Aunque existen muchas dificultades para que el ejercicio del derecho de repetición permita a la aseguradora recuperar la indemnización pagada al perjudicado en estos supuestos.

La responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor en España ha conocido numerosas modificaciones legislativas desde 1962, ya que regula un sector en constante evolución debido al aumento exponencial del parque automovilístico, teniendo como uno de los ejes fundamentales el Seguro Obligatorio del Automóvil para garantizar la cobertura, con sus requisitos y limitaciones, de los daños personales y patrimoniales.Al tratarse de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, los presupuestos exigibles para la misma son la existencia de una acción u omisión humana, la producción de un daño y la relación de causalidad o nexo causal entre ambos.Los conceptos clave que fijan el ámbito material en materia de accidentes de circulación son el de vehículo a motor y el de hecho de la circulación, definidos en la Ley y perfilados por la jurisprudencia. El título de imputación en sede de daños personales es la responsabilidad objetiva atenuada se responde objetivamente por todos los daños ocasionados a terceros, salvo que concurra causa de exoneración; en cambio, respecto de los daños patrimoniales o materiales -los causados a bienes-rige el criterio tradicional de la culpa del artículo 1902 del Código Civil, siendo sujetos responsables el conductor en determinadas circunstancias particulares, y el propietario no conductor del vehículo.La última reforma en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor ha sido operada por la Ley 35/2015 que, derogando el primitivo baremo de daños personales, recoge los principios de reparación íntegra y de vertebración del daño, así como el de objetivación que se refleja en el nuevo sistema de valoración.

La presente obra «Accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguro» tiene por objeto el estudio con cierta profundidad de los elementos jurídicos fundamentales en la materia que constituye su objeto, delimitada por su título. La ordenación jurídica de este sector del ordenamiento está constituido por un complejo sistema, cuyo régimen se encuentra integrado por cinco componentes básicos: Una detallada regulación del seguro obligatorio de responsabilidad civil y de los fondos de garantía (en nuestro país el Consorcio de Compensación de Seguros) por textos legales de la Unión Europea (cuatro Directivas, y una quinta en fase de proyecto). Un sistema de garantías, destinado a asegurar a la víctima la efectiva satisfacción de la indemnización, constituido por el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos de motor (SOA) y por un Fondo de Garantía (el Consorcio de Compensación de Seguros [CCS]), que interviene en determinados supuestos. Un particular título de imputación de responsabilidad para los llamados "daños a las personas", sustentado en la idea de riesgo de carácter objetivo (los daños materiales siguen el sistema general de imputación subjetiva), pero modalizado por dos específicas causas de exoneración, la culpa de la víctima y la fuerza mayor ajena a la circulación del vehículo (art. 1o.1, párrafos 1o y 2o LRCSCVM). Un particular sistema de valoración de daños a las personas, contenido en el Anexo de la LRCSCVM. Por último, un específico sistema procesal, caracterizado por el llamado juicio ejecutivo del automóvil, que se sustenta en la emisión del auto ejecutivo, regulado por los arts. 9 a 16 LRCSCVM y por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición adaptada a la ley 21/2007, de 11 de julio, de reforma de la LRCSCVM.