El libro que se presenta analiza las soluciones jurídicas a las realidades de género desde los diferentes ámbitos de estudio iniciándose por un punto de vista internacional al que le siguen el desarrollo de la igualdad en la Constitución y el análisis desde un punto de vista administrativo de las políticas públicas estatales y autonómicas para continuar con medidas concretas adoptadas en ámbitos específicos: fiscales, civiles y penales. Se constata la trascendental labor desarrollada por las Naciones Unidas a la hora de concienciar a nivel mundial sobre el ejercicio de los derechos de la mujer, y la importancia de la noción de género como concepto clave en todas las decisiones, normativa o programas que se elaboren a todos los niveles. El papel predominante del legislador nacional es fundamental en el desarrollo de todas las políticas públicas poniendo al alcance del ciudadano los medios adecuados para intentar lograr la igualdad a través de las medidas de acción positiva en ámbitos tan dispares como el laboral (empresa privada y administración pública) o la prestación de servicios. La importancia del Derecho de familia y las recientes reformas al mismo es fundamental a la hora de abordar la igualdad de hombres y mujeres. Desde un punto de vista fiscal se realiza un análisis de los diferentes incentivos y beneficios fiscales a la hora de acceder al mercado de trabajo por parte de las mujeres. Las medidas adoptadas en el ámbito penal pretenden actuar desde las causa del problema, es decir desde la prevención hasta la atención integral de las víctimas.

Lo que consideramos valores universales en realidad son los que se han impuesto históricamente por una parte de la Humanidad. De la misma forma con referencia a las mujeres, el pensamiento no es neutro, sino que responde a los universales masculinos. Este libro intenta la deconstrucción del derecho desde la perspectiva de género, para desmentir la particular visión de los hombres en la imposición de los contenidos jurídicos a partir de un poder detentado en exclusiva. Desde la Constitución es necesaria la reconstrucción del derecho integrando a las mujeres. El lenguaje, las instituciones y la actividad interpretativa de las normas jurídicas tienen que tener en cuenta a la totalidad de la sociedad. Los diferentes órdenes jurisdiccionales deben ser redefinidos teniendo en cuenta la realidad social del siglo XXI y el creciente impulso que las mujeres dan al mundo.