Como es sabido, en los últimos años, tanto en España como en otros muchos países de nuestro entorno cultural, se ha ido imponiendo, de manera cada vez más evidente, un modelo político-criminal basado en la seguridad; un modelo, dicho más concretamente, en el que la libertad individual y los principios y garantías tradicionalmente destinados a limitar el ius puniendi estatal han ido cediendo terreno ante la creciente preocupación por la seguridad –o por una particular forma de seguridad–. Este modelo ha dado lugar a una serie de modificaciones legislativas en las que puede apreciarse cierta tendencia a utilizar la sanción penal más como una forma de evitar conductas peligrosas o de inocuizar a quienes pueden ser considerados sujetos peligros, que por castigar de manera justa la comisión de un hecho delictivo. Entre las numerosas manifestaciones de esta nueva orientación político-criminal se encuentran precisamente algunas nuevas figuras delictivas que sancionan determinadas conductas por el peligro que a partir de ellas se le presume al autor de las mismas, y no tanto por la amenaza que el hecho realizado representa realmente para los intereses o bienes jurídicos que se desea proteger. Hasta el punto de que, en ocasiones, da la impresión de que, directamente, la sanción penal no se impone por el hecho cometido, sino por el hecho que se puede llegar a cometer, lo que supone la vulneración de uno de los principios más importantes del Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho: el llamado “principio del hecho”.

La presente obra constituye el resultado final del proyecto de investigación “Responsabilidad penal por el hecho y Estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas y caracteres” (FACTUM, RTI2018-097727-B-I00), financiado desde el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objeto, el principio de responsabilidad por el hecho, se erige, sin duda, en uno de los límites de la intervención penal de un Estado democrático de mayor relevancia. El proceso de inexorable deconstrucción que este principio viene sufriendo en la actualidad, obliga a indagar en las causas de esta crisis y a reflexionar sobre sus eventuales vías de solución. El grave retroceso que están sufriendo las garantías constitucionales propias de un Estado social y democrático de Derecho también está afectando, como no podría ser de otro modo, al principio de culpabilidad. Con la entrada en vigor de la Constitución se alberga la fundada esperanza de que el Derecho Penal se correspondiera, después de la dictadura, con el de un Estado verdaderamente democrático. Quizá por ello, el modo en que este derrumbamiento se está produciendo resulta particularmente desilusionante: mientras que la consolidación de esas garantías ha representado un proceso lento y difícil, por desgracia su desintegración parece haber transcurrido de un modo mucho más rápido y sencillo. En los diferentes capítulos del libro, los integrantes del proyecto analizan aquellos aspectos de la responsabilidad por el hecho que actualmente resultan afectados, en mayor medida, por las múltiples reformas legislativas, especialmente por las operadas en la última década y, en algunos supuestos, también por su aplicación en los tribunales e incluso por determinadas teorías doctrinales. Ojalá que algunas de las alternativas aquí insinuadas, sirvan para mostrar a la política criminal el camino que nunca debió haber abandonado: el del innegociable respeto de las garantías constitucionales. Directores: Mirentxu Corcoy Bidasolo y Víctor Gómez Martín Coordinadores: Juan Carlos Hortal Ibarra y Vicente Valiente Ivañez Páginas: 316 páginas Formato: 170 x 240 mm Tirada: 100 ejemplares Edición: Primera edición, marzo 2024 En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de publicaciones, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar. La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados. © De los contenidos, sus autores. © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para esta edición Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons-Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional-CC BY-NC-ND 4.0 https://cpage.mpr.gob.es NIPO: 144-24-028-1 (edición en papel) NIPO: 144-24-029-7 (edición en línea, PDF) NIPO: 144-24-030-X (edición en línea, ePUB) ISBN: 978-84-340-2967-5 Depósito legal: M-5168-2024

Durante las últimas tres décadas se viene sosteniendo que el Derecho penal y, en concreto, el principio de legalidad viven en un «estado de crisis». Tal situación se habría originado, principalmente, por el importante proceso de transformación que ha experimentado en este tiempo el Derecho penal como resultado de las nuevas formas de criminalidad, del particular contexto político-criminal y de la internacionalización. Esta crisis se asocia fundamentalmente a una clara disminución del poder de influencia de la ciencia penal, que se manifiesta en el relajamiento que en la praxis han experimentado, sobre todo, los postulados de lex certa, lex scripta, lex stricta y lex praevia. Sin embargo, en esta crisis el Derecho penal encuentra nuevos desafíos para continuar con su evolución y para hacer más racional su aplicación en ámbitos que tradicionalmente quedaban al margen de ella. El presente volumen aborda ambos sentidos de la crisis a partir de las contribuciones de destacados juristas alemanes, argentinos, españoles y estadounidenses, resaltando la extraordinaria importancia que tiene este «estado de crisis» para contribuir al avance de la ciencia jurídico-penal y a una mejor comprensión del principio de legalidad.