La teoría de justicia ambiental reconoce la existencia de varios grados de responsabilidad por los daños infligidos al ambiente, de acuerdo con las acciones y conductas de sus responsables. Este libro expone los fundamentos de esta teoría y elabora el concepto de injusticia ambiental, que incluye reflexiones sobre cómo evitarla. Además, la obra ofrece una serie de elementos jurídicos para poner en práctica esta idea de justicia, analizando una serie de casos relacionados, como las consultas populares sobre extracción de hidrocarburos y de minería, la autorización de licencias ambientales y el reconocimiento de ríos como sujetos de derechos, entre otros.

El año 2020 ha presentado extraordinarios desafíos dealcance global en materia sanitaria y ha probado fehacientemente los efectosnegativos que las actividades humanas generan sobre el entorno natural y lasupervivencia humana. La fragili­dad de la salud y de la vida de nuestraespecie ha puesto de presente la dependencia absoluta del hombre frente a lanaturaleza y la necesidad de actuar entendiendo que las afectaciones quegeneremos al entorno natural pueden causar impactos inconmensurables al yamaltrecho equilibrio natural. Si examinamos el origen de la nueva cepa de coronavirusencontraremos que expertos identifican el origen del virus en el consumo demurciélagos o pangolines (Goodwin, 2020), especies traficadas de manera ilegaly que de ninguna manera deberían ser utilizadas para fines consuntivos; en elcaso de los pangolines, nos estamos refiriendo a especies calificadas en lalista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN,por sus siglas en inglés), organización que indica que los pangolines "sonlos mamíferos salvajes más comercializados ilegalmente en el planeta", sucarne es un plato de lujo y sus escamas se usan en la medicina tradicionalasiática (IUCN, 2019). El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2020) explicaque la pérdida de filtros de agentes patógenos en la natura­leza aumenta laprobabilidad de que los virus pasen directamente a los humanos, y existe pruebacientífica de que cerca del 70% de las enfermedades humanas en los últimoscuarenta años han sido transmitidas por animales salvajes, el ébola, el sida,el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el covid-19 son ejemplo de ello;por tanto, conservar el equilibrio, frenar la extinción de especies yresguardar los ecosistemas naturales son acciones urgentes si queremos evitarnuevas pandemias.

This publication contains four papers on different legal issues of interest to developing countries. The papers were researched and written by four Carl Duisberg Gesellscaft (CDG) Fellows who came to Germany from Bangladesh, Venezuela, Nigeria and China to study under the host leadership of the IUCN Environmental Law Centre. Subjects chosen by these Fellows vary widely, and cover ISO 14001, access to environmental justice in Latin America, patents and plant resources-related knowledge, and law and policy of the European Union on the reduction of greenhouse gas emissions and their significance to China.

La información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la participación ciudadana y el propio acceso a la jus­ticia ambiental stricto sensu.