El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, última gran frontera competencial adquirida por la Unión, alcanza su madurez con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que hace de él y de las políticas necesarias para desarrollarlo una competencia compartida de la Unión, además de establecer un marco jurídico claro tras poner fin a su artificiosa división en pilares.Esta obra colectiva analiza el estado actual de la cooperación judicial penal, deteniéndose en los últimos instrumentos adoptados en esta materia ante la proximidad del nuevo escenario de Lisboa así como en los retos que con él se abren y en los primeros pasos dados para hacerles frente. Las implicaciones del nuevo Tratado en la cooperación judicial penal{ la creación de una Fiscalía Europea a partir de Eurojust{ el propio papel de Eurojust y el reforzamiento de sus poderes{ la Decisión Prüm y la obtención, registro e intercambio de perfiles de ADN{ las Decisiones marco sobre decomiso, sobre reconocimiento de resoluciones que imponen sanciones pecuniarias, sobre ne bis in idem y conflictos de jurisdicción, sobre reconocimiento de medidas cautelares no privativas de libertad y sobre reconocimiento de resoluciones judiciales relativas a la suspensión y sustitución de la pena privativa de libertad o la libertad condicional, y la iniciativa de Directiva sobre interpretación y traducción en el proceso penal son abordados desde una perspectiva multidisciplinar por un nutrido elenco de especialistas procedentes del ámbito universitario y profesionales del Derecho de dilatada experiencia en cooperación judicial.

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea ha sido objeto en los últimos años de un amplio desarrollo tanto político como normativo, que ha venido acompañado de la proliferación de nuevos actores supranacionales que adoptan la forma de agencias europeas especializadas. Dichos organismos constituyen un elemento único y peculiar que va más allá del tradicional marco institucional europeo, y han conseguido asumir un papel cada vez más importante en la implementación y desarrollo de las políticas europeas en materia de seguridad y control de las fronteras exteriores, lucha contra el crimen organizado, así como en la gestión de las políticas migratorias y de asilo, a través del desarrollo de una serie de mecanismos operativos, de coordinación y de refuerzo de las capacidades institucionales existentes. En esta publicación se analiza la dimensión exterior de la actuación de dichas agencias, que plantea diversos interrogantes relacionados con su personalidad jurídica internacional, el análisis de los instrumentos que utilizan, la cooperación con otras organizaciones internacionales, y el control de sus actuaciones, entre otros.

El 14 de enero de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión. En ella se advierte sobre la apremiante necesidad de promoción y protección eficaz de los mismos y ello por cuanto "son el fundamento de la democracia en Europa y representan condiciones esenciales para la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia". Prácticamente un año antes se había proclamado, de forma solemne y por segunda vez, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dicho texto, que todavía no ha adquirido eficacia jurídica vinculante y que, sin embargo, sí ha sido recogido por nuestro país en la LO 1/2008, de 30 de julio, ha sido objeto de numerosos estudios. Con todo y aunque algunos de ellos son de gran calidad, es un hecho cierto que sigue sugiriendo incógnitas y que las mismas se incrementan al ponerse en relación con sus rúbricas concretas. Tal vez una de las más silenciadas sea la relativa a la Justicia donde precisamente se recogen los tradicionales y nada irrelevantes derechos del justiciable. Ni que decir tiene que los mismos se refieren tanto al acceso a los tribunales, como a la condición de parte en un proceso a desarrollar ante sus titulares y, por supuesto, a las que serían sus garantías esenciales. Esta obra camina en la dirección requerida por las instancias comunitarias y lo hace centrando su atención en esos derechos fundamentales de naturaleza procesal que son, en realidad, los que, en tanto en cuanto posibilitan su efectiva aplicación, dan vida a los demás derechos, fundamentales o no. Desde luego, es aspiración común de todos los autores que los trabajos aquí recogidos se conviertan en instrumento útil para la mayor visualización de aquellos derechos y además y sobre todo para su mejor conocimiento y aplicación. Para ello, el libro se estructura, como la propia Unión, sobre la base de tres pilares. Tres pilares que descienden desde lo general a lo particular y que, por esa razón, permiten realizar un análisis preciso, práctico y comparado del estado de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales europeos de referencia.