En este libro se recogen una serie de artículos relativos a algunas de las cuestiones básicas que determinan los actuales debates en el ámbito del derecho penal, tanto desde una perspectiva filosófica, como dogmática y político-criminal: las perspectivas metodológicas más actuales, especialmente en relación con el debate sobre el funcionalismo y la normativización del derecho penal moderno, la creación de un derecho penal del enemigo como un modelo distinto al derecho penal del ciudadano, el papel del derecho penal en el seno de la denominada sociedad del riesgo, la expansión de éste y el debate policito-criminal alrededor de su critica o justificación, la progresiva administrativización y desnaturalización del derecho penal, la legitimidad de los denominados delitos cumulativos o del principio de precaución, la teoría de la pena y, en especial, la prevención general positiva, la teoría de la determinación de la pena y los movimientos a favor de un neoproporcionalismo en el ámbito jurídico-penal, los delitos de peligro o la reformulación de la tipicidad a través de la denominada teoría de la imputación objetiva. El autor, una de las voces jóvenes más significativas del actual panorama doctrinal en lengua española, se enfrenta, con una visión coherente y global, a los grandes temas que tiene planteada en la actualidad la teoría del derecho penal y la legitimidad de la intervención del estado democrático de derecho mediante castigos.

La materia que aborda esta obra, esto es, el examen de los instrumentos del Derecho Penal moderno (penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias, etc.); el emplazamiento del mismo en el Derecho Público, y sus consecuencias ante el fenómeno de las actuales tendencias privatizadoras del sistema penal; la legitimación y funciones sociales del Derecho Penal; polémica sobre los fines reales y fines atribuidos al castigo; estructura lógica de la norma penal; límites formales y materiales del ius puniendi; Escuelas Penales; fuentes del Derecho Penal; interpretación de la ley penal; vigencia temporal y espacial de esta última; extradición; la denominada euroorden (de detención y entrega), etc. etc.; es universal, interesa a todos los ordenamientos jurídicos cualquiera que sea el modelo en el que se integren (angloamericano, continental, etc.) porque se ocupa de problemas reales y siempre vigentes. Incumbe y preocupa por igual a países comunitarios y no comunitarios. La evolución, además, del Derecho Penal europeo confirma esta tendencia. Hoy, por razones incluso geopolíticas, el mapa europeo ha evolucionado tanto y tan rápido que muy pocos son ya los ordenamientos penales que sintonizan con la dogmática penal clásica “more germanica” que ha perdido su liderazgo. El penalista moderno debe hacer un esfuerzo por volver a las raíces de la Ciencia Criminal, analizando los problemas que interesan y preocupan a todos: los problemas que se examinan en esta quinta edición de Introducción al Derecho Penal.

La elaboración de los sucesivos sistemas de imputación jurídico-penal derivan siempre de una clara asociación con teorías de base, ya sean de la filosofía o de la sociología. La propuesta que inspira el presente libro es la senda inaugurada por Vives Antón, en el sentido de la adopción de la filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein, como la base estructural de la concepción de la teoría del delito. Esto, que bien se podría calificar de una teoría significativa del delito, constituye, seguramente, la más avanzada y, a la vez, humanista fórmula que se puede adoptar para la resolución de los problemas jurídico-penales que plantea la posmodernidad. En este libro se toma la acción como punto de partida, como eje de los sistemas ontológicos de teoría del delito para tratar de la evolución de la misma teoría del delito desde sus bases causal-naturalistas, hacia el evolucionado sistema significativo. En seguida, se replantea las funciones de la acción en dogmática jurídico –penal y sus problemas de delimitación a partir del paradigma del sentido

En la presente obra, primer volumen de las Lecciones de Derecho Penal. Parte general, se examinan de manera actual, con sentido crítico, claridad expositiva y rigor conceptual, los fundamentos dogmáticos del moderno Derecho penal. Desde una perspectiva atractiva, didáctica y original se aborda la explicación de intrincados problemas de la Dogmática española y comparada, y se analizan cuestiones tan fundamentales como la construcción científica del Derecho penal, las teorías de la pena y las medidas de seguridad, la legitimación del sistema punitivo, las funciones y caracteres del ordenamiento penal, los principios constitucionales del Derecho penal, la norma jurídico-penal, el principio de legalidad y la vigencia espacial, temporal y personal de la ley penal. El resultado es una exposición de gran utilidad para el estudiante y para el estudioso de la disciplina: una obra de recomendada lectura que ilustra sobre los problemas centrales del Derecho Penal en el Estado de Derecho. El Prof. Polaino Navarrete es Catedrático Emérito de la disciplina en la Universidad de Sevilla, profesor invitado en diversas Universidades y centros de estudio de Europa, América y Asia, Doctor honoris causa por quince Universidades extranjeras y Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación de España (Sección de lo Penal).

Es un hecho, no menesteroso de gran contrastación, la existencia, dentro de un sector muy amplio de la sociedad española, de una opinión constante sobre que, en el nada exiguo campo de lo penal (en su dimensión sustantiva, procesal y penitenciaria), puede y debe observarse, al menos para el propio País, muy relevantes desequilibrios. Siendo los más llamativos los consistentes en trato desigual, con respecto al reconocimiento de derechos y deberes de cada una de las partes “naturales”, contendientes en el conflicto traído por el hecho criminoso. Debidos principalmente, gran parte de aquéllos, a determinados planteamientos y técnicas legales, a algunas resoluciones judiciales (sean de ámbito nacional o internacional (recuérdese las últimas sentencias del TEDH versus España) o a ambas. Siendo llamativo, también, que serían, según la precitada opinión, los delincuentes más peligrosos (midiendo la peligrosidad por la entidad y gravedad del bien jurídico por ellos quebrantado y por su “modus operandi”, técnicamente avanzado y dolosamente sibilino) los más beneficiados. Todo ello, a costa de la sociedad en cuanto tal y, sobre todo, de las víctimas concretas, directas o individualizadas. Partiendo, el autor, de que, a su juicio, esas observaciones-persuasiones de la ciudadanía tienen fundamento, dice ser exigible esta pregunta: ¿Dónde tienen su origen tales desequilibrios y lagunas? Y, en su respuesta, viene a sugerir que: Un examen sosegado de algunas de esas leyes, de esas resoluciones judiciales (sea en el ámbito procesal o penitenciario) permitiría, según él, avanzar lo que sigue. Que, al tiempo de abordar la resolución de algunos conflictos penales complejos (sea en fase legal, judicial, o penitenciario, o en las tres) parece no tenerse, suficientemente presente, por los sujetos activos de decisión, las exigencias impuestas, para estos casos, por los postulados fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho. O sea, tenerse que resolver estas cuestiones de manera que sean respetados, equitativamente, los derechos, y delimitados correlativamente los deberes, de cada uno de los contendientes entre sí (sociedad como tal, víctimas concretas o directas y el reo o delincuente) durante el “continuum” en que se extiende el contencioso del hecho criminal que se sustancia. Las leyes, resoluciones judiciales, resoluciones administrativo-penitenciarias, que no satisfagan esa triple demanda de parte, han de ser tildadas de injustas, porque injusticia es no dar a todos y cada uno lo que en derecho les pertenece y en la medida en que les pertenece. O agrandar los derechos de unos a fuer de aminorar, ilícitamente, los derechos de los otros. Pero, en consecuencia, ¿cómo es factible salir de este círculo jurídico-penal marcadamente deficitario y, por lo mismo, injusto? Teniendo la decisión eficaz, por los responsables democráticos de gestionar la “res publica”, de crear un Derecho penal destinado a proteger, por igual, a dichas partes. Naturalmente, sin dejar de tener en cuenta, claro está, la distinta situación de cada una de ellas, respecto a las consecuencias derivadas del fenómeno delincuencial, aquí y ahora, contendido. En esta obra se recalca, desde luego, la imperiosa necesidad de construir, en serio, un Derecho Penal también para las víctimas. Pues bien. Un Derecho penal (en su triple vertiente), con tales características, sólo puede ser construido si existe firme compromiso, por los mencionados responsables, de imponer como criterios informadores irrenunciables, en la creación, interpretación, aplicación y ejecución del mismo, los valores superiores ético-jurídicos (justicia, igualdad, libertad, dignidad de la persona…) que campean en el frontispicio de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Valores que, por ello, han de impregnar los principios específicos fundamentales de cada una de las ramas jurídicas (aquí, las tres ramas del Derecho penal). Derivando el mensaje de aquéllos y éstos hacia la elaboración, interpretación y ejecución de sus leyes. Única forma, también, de que cobre mesura el ejercicio de los derechos humanos, que al tener que practicase en sociedad, éste no puede ser ilimitado, pues se producirían invasiones excluyentes y, por ello, inadmisibles por ilícitas. Para la realización de esos fines, ha de llevarse a cabo, los correspondientes juicios de compensación, entre sí, de tales principios bajo la égida de dichos valores. He aquí el objeto de reflexión de este libro, para propuesta de alguna solución a cuestiones tan complejas.