Este trabajo aborda un grave problema del urbanismo español, que consiste en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido excesivamente rigurosa por aplicación, sin matices ni modulación, del art. 47.2 LPAC a los planes de urbanismo. Esta jurisprudencia no ha tenido en cuenta que existe una gran diferencia en el procedimiento y en el contenido de los reglamentos y de los planes de urbanismo. Y su equiparación ha producido el efecto único de nulidad de los instrumentos de planeamiento, incluso cuando se trate de una infracción puramente formal. Los planes urbanísticos tienen una gran complejidad, tanto en su elaboración como en su aprobación, y están compuestos de muchos actos (informes preceptivos) que no tienen, en absoluto, una naturaleza reglamentaria. Ya hace tiempo que la doctrina jurídica lleva planteándose el problema de distinguir entre la naturaleza jurídica de los planes y la de los reglamentos, especialmente en lo que se refiere a los efectos de invalidez. -- Este trabajo aborda un grave problema del urbanismo español, que consiste en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido excesivamente rigurosa por aplicación, sin matices ni modulación, del art. 47.2 LPAC a los planes de urbanismo. Esta jurisprudencia no ha tenido en cuenta que existe una gran diferencia en el procedimiento y en el contenido de los reglamentos y de los planes de urbanismo. Y su equiparación ha producido el efecto único de nulidad de los instrumentos de planeamiento, incluso cuando se trate de una infracción puramente formal. Los planes urbanísticos tienen una gran complejidad, tanto en su elaboración como en su aprobación, y están compuestos de muchos actos (informes preceptivos) que no tienen, en absoluto, una naturaleza reglamentaria. Ya hace tiempo que la doctrina jurídica lleva planteándose el problema de distinguir entre la naturaleza jurídica de los planes y la de los reglamentos, especialmente en lo que se refiere a los efectos de invalidez. -- Toda esta problemática afecta especialmente a los informes preceptivos de los planes y muy concretamente a la evaluación ambiental. La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, de 9 de diciembre, establece dos procedimientos para la evaluación, la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental, una aplicable a planes y otra a proyectos. -- Hemos pretendido en este trabajo demostrar que un defecto formal de una evaluación ambiental no debe dar lugar a la nulidad total de un plan. Es absolutamente necesario que el Tribunal Supremo considere que existe interés casacional en determinar la diferencia de aplicación a cada una de estas evaluaciones, una a los planes y otra a los proyectos, y matizar y completar y, en su caso, modificar la jurisprudencia en el sentido de que un simple defecto formal en una evaluación ambiental no puede dar lugar, en ningún caso, a una nulidad total del planeamiento.

En un momento en que se suceden las sentencias declarando nulos los planes urbanísticos de carácter general de ciudades tan importantes como Madrid, Orense, Vigo, Castellón, Marbella, Cuenca, Toledo, Alcorcón, etc., generando una tremenda inseguridad jurídica y la indefensión de los ciudadanos y los agentes del sector inmobiliario, cuyos derechos y facultades pierden el marco de referencia, resulta fundamental reflexionar, como se hizo en otros Estados de nuestro entorno, sobre las causas de esta debilidad normativa y analizar los efectos de la nulidad del Planeamiento sobre los distintos sectores del derecho y la economía. Esta obra ofrece un diagnóstico de la situación y una propuesta de reflexión para el legislador, así como un análisis pormenorizado de los efectos que la vulnerabilidad del Planeamiento genera sobre la ordenación y gestión urbanística, la publicidad registral, los contratos de transmisión de inmuebles, las expropiaciones, la recaudación de impuestos locales, la responsabilidad de la Administración, los planes de protección medioambiental y la calificación de determinados delitos.