La presente obra constituye el resultado final del proyecto de investigación “Responsabilidad penal por el hecho y Estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas y caracteres” (FACTUM, RTI2018-097727-B-I00), financiado desde el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. Su objeto, el principio de responsabilidad por el hecho, se erige, sin duda, en uno de los límites de la intervención penal de un Estado democrático de mayor relevancia. El proceso de inexorable deconstrucción que este principio viene sufriendo en la actualidad, obliga a indagar en las causas de esta crisis y a reflexionar sobre sus eventuales vías de solución. El grave retroceso que están sufriendo las garantías constitucionales propias de un Estado social y democrático de Derecho también está afectando, como no podría ser de otro modo, al principio de culpabilidad. Con la entrada en vigor de la Constitución se alberga la fundada esperanza de que el Derecho Penal se correspondiera, después de la dictadura, con el de un Estado verdaderamente democrático. Quizá por ello, el modo en que este derrumbamiento se está produciendo resulta particularmente desilusionante: mientras que la consolidación de esas garantías ha representado un proceso lento y difícil, por desgracia su desintegración parece haber transcurrido de un modo mucho más rápido y sencillo. En los diferentes capítulos del libro, los integrantes del proyecto analizan aquellos aspectos de la responsabilidad por el hecho que actualmente resultan afectados, en mayor medida, por las múltiples reformas legislativas, especialmente por las operadas en la última década y, en algunos supuestos, también por su aplicación en los tribunales e incluso por determinadas teorías doctrinales. Ojalá que algunas de las alternativas aquí insinuadas, sirvan para mostrar a la política criminal el camino que nunca debió haber abandonado: el del innegociable respeto de las garantías constitucionales. Directores: Mirentxu Corcoy Bidasolo y Víctor Gómez Martín Coordinadores: Juan Carlos Hortal Ibarra y Vicente Valiente Ivañez Páginas: 316 páginas Formato: 170 x 240 mm Tirada: 100 ejemplares Edición: Primera edición, marzo 2024 En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de publicaciones, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar. La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados. © De los contenidos, sus autores. © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para esta edición Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons-Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional-CC BY-NC-ND 4.0 https://cpage.mpr.gob.es NIPO: 144-24-028-1 (edición en papel) NIPO: 144-24-029-7 (edición en línea, PDF) NIPO: 144-24-030-X (edición en línea, ePUB) ISBN: 978-84-340-2967-5 Depósito legal: M-5168-2024

Cualquiera de los aspectos abordados por la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, es más que idóneo para reflexionar sobre los fundamentos y la justificación de un Derecho penal que empieza a dejar de serlo. Sin embargo, el reto que plantea el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas para la teoría del delito, resulta especialmente sugestivo. A él se dedica la presente monografía. La autora se centra en el estudio de las circunstancias atenuantes del art. 31 quáter del Código Penal, como base sobre la que incidir en cuestiones como la viabilidad de considerar a las personas jurídicas verdaderos sujetos de Derecho penal, a quienes sancionar por un hecho propio y al margen del merecimiento. Son cuestiones con importantes consecuencias prácticas, tal y como se refleja a lo largo de todo el escrito. La obra parte de un estudio sobre el sistema vigente y la última jurisprudencia sobre el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas. Después, ofrece un marco general desde el que reinterpretar dicho sistema, a la luz del régimen de atenuación de las sanciones corporativas. Por último, analiza cada una de las circunstancias atenuantes en concreto, incidiendo en las implicaciones prácticas de su implementación. Uno de los principales méritos de la presente obra es que en todo momento el análisis está guiado por la experiencia de Derecho comparado. La autora profundiza en el Derecho federal de Estados Unidos y en los ordenamientos alemán, italiano y chileno, como referentes inexcusables con los que atender a la novedad que la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha supuesto para nuestro Derecho penal. Sin duda, este estudio constituye una de las principales monografías relativas a lo que, por el momento, se presenta como el "tema de moda" tanto en la práctica forense y jurisprudencial, como en las contribuciones de la dogmática penal.

Frente a algunos paises del sistema continental, entre ellos, el nuestro, que han superado recientemente el principio tradicional societas delinquere non potest, en los Estados Unidos de America la responsabilidad penal de las personas juridicas cuenta con una larga tradcición y esta fuertemente arraigada. En el 1909, el Tribunal Supremo de los estados Unidos, en la sentencia dictada en el caso Newe York Central y Hudson River Railroad v. United states, consagra, en la jurisdiccion federal, un modelo de imputación de la responsabilidad penal de las personas juridicas amparado en la doctrina del respondeat superior-importada del ambito civil-, conforme al cual, la persona juridica sera penalmente responsable de los delitos cometidos por sus directivos o empleados, cuando estos actuen en el ejercicio de sus funciones y con la intención de beneficiarla. Cualquier otra solución, declara el Tribunal Supremo, seria cerrar los ojos al hecho indudable de que, en los tiempos modernos la mayoria de las transacciones comercialesse realizan por estas entidades, que no pueden ser inmunes a todo castigo por la aplicacion de la vieja doctrina, según la cual, las personas juridicas no pueden cometer delitos. el modelo consagrado en esta resolucion, basasdo en una responsabilidad por hecho de otro y en el subyace una visison utilitarista y pragmatica del Derecho Penal, que persigue fundamentalmente evitar la impunidad de estos nuevos protafonistas de la vida economica-a los que, con alguna excepcion, se les puede imputar cualquier delito-, contiinua vigente en la actualidad en la jurisdiccion federal, en la que se centra este estudio. La exposicion de las lineas fundamentales del modelo federal de responsabilidad penal de las pesonas juridicas en el nucleo de este trabajo, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer con detale un sistema de exigencia de responsabilidad penal de las personas juridicas que funciona en la practica desde hace tiempo y del que, por tanto, es posible extraer conclusioones habiles para nuestro sistema. De ahi su interes. La exposicion de cuales son las soluciones que la Justicia Penal estadounidense ha hallado para algunos de los problemas que plantea la exigencia de responsabilidad penal a las personas juridicas puede, a nuestro juiicio inspirar, en algunos puntos, el camino a seguir en nuestro ordenamiento. precisamente porque el objetivo de este trabajo es el expuesto, su elaboracion esta presidida por una idea fundamental: no pretendemos reelaborar los conceptos propios del derecho de los Estados Unidos para intentar encajarlos de alguna manera en las categorias dogmaticas que comúnmente se utilizan por el llamado Derecho Continenetal; sino, como hemos dicho, nuestra pretensión se centra en describir y analizar el sistema, pues de él se pueden extraer soluciones que nos pueden resultar útiles. Como consecuencia de ello, este trabajo se localiza fundamentalmente en la jurisprudencia y la doctrina estadounidense; no siendo su objeto la exposicion de nuestro debate doctrinal. El modelo estadounidense está en constante evolucion, pero su analisis demuestra que merece la pena ser estudiado en profundidad, especialmente ahora, cuando los paises sdel sistema contionental estan iniciando un camino que el modelo estadounidense ya ha recorrido en gran medida. Ciertamente los fundamentos que lo explican y los principios que lo inspiran pueden resultarnos, en ocasiones sorpendentes, pero nunca lejanos y nonhan impedido que un ordenamiento como el nuestro- y desde luego no es el unico entre los europeos-pueda terminar alcanzado identicas soluciones, aunque con distinta justificacion dogmatica, como es el caso , del desarrollo normativo de los requisitos de los programas de organizacion y gestion introducidos en el nuevo articulo 31 bis del Codigo Penal. u rapidez y agilidad, por otro lado, tambien merecen una reflexión. Nuestro sistema necesita medidas procesales conducentes a obtenerlas.