El ataque de Estados Unidos a Iraq en el año 2003 constituyó un enfrentamiento entre dos concepciones acerca del futuro de la Humanidad: por un lado, el “modelo imperial” que aplicó criterios propios al margen del Derecho y de las instituciones internacionales, y por otro, el “modelo federal”, encarnado por las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y al que apoyó la sociedad civil a través de algunas de las movilizaciones más importantes de los últimos años. En este contexto, la muerte del periodista José Couso adquiere un sentido especial: es un símbolo mundial de la libertad de información y del derecho a saber la verdad. También es la causa de un largo y tortuoso proceso judicial promovido en España para desentrañar las circunstancias de su muerte y exigir las responsabilidades que correspondan. En este libro, expertos y científicos del ámbito jurídico y concretamente del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, analizan tanto el marco del conflicto de Iraq como el propio caso de José Couso.

La 4e de couverture indique : " El 20 de marzo de 2003 una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó un ataque contra Iraq. El acto de agresión -así se califica en Derecho Internacional un ataque armado contra un Estado sin que corresponda ni al ejercicio de la legítima defensa (Iraq no había usado la fuerza armada contra ninguno de los coaligados) ni a una medida coactiva autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- se efectuó tras una importante derrota diplomática de la Administración Bush en la ONU.En este contexto, el periodista José Couso Permuy adquiere un sentido especial: es un símbolo mundial de la libertad de información y del derecho a saber la verdad. También es la causa de un largo y tortuoso proceso judicial promovido en España para desentrañar las circunstancias de su muerte y exigir las responsabilidades que correspondan. Un proceso abierto, tras dos sentencias del Tribunal Supremo y el procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de este crimen de guerra, muestra que las oscuras "razones de Estado" no deben prevalecer sobre la verdad. Esta auténtica "lucha por el Derecho" -como lo denominó hace 140 años Ihering- es un combate que libra la sociedad entera para acabar con la impunidad y restablecer su propia concienca jurídica."

La guerra contra Iraq ha vuelto a traer a la primera página de los medios de comunicación la realidad de una violencia que la Carta de Naciones Unidas se propuso erradicar. Esta obra dedica buena parte de su atención a esta situación, situándola en una perspectiva global. La regulación del uso de la fuerza, los factores de conflictividad y las reflexiones sobre los conflictos olvidados, enmarcan los análisis sobre el papel de los Estados Unidos, Europa y España en una crisis cuyas consecuencias últimas quedan lejos de discernirse. Igualmente, las mentiras que han rodeado a la crisis iraquí, primero convertida en una cruzada contra las armas de destrucción masiva, luego en un inverosímil combate contra el terrorismo mundial y, por último, en una lucha por la libertad, y que obtuvieron una contundente respuesta social, tienen su reflejo en estas páginas. Las contribuciones de Antonio Fernández Tomás, Felipe Sahagún, Carlos Taibo, Eliseo Oliveras, Miguel Ángel Aguilar, Mariano Aguirre, Justo Zambrana, Mosen Bilal, Mabel González Bustelo y Ana Salinas de Frías invitan a una reflexión sobre la solución de los conflictos internacionales, que nos hace reivindicar el papel de la Organización de Naciones Unidas como única posibilidad de estructuración de un modelo de estabilidad a escala universal.

Después de ejecutada la guerra contra Irak por parte de Estados Unidos, basada en causas no creíbles, nos vemos obligados a indagar sobre algunas más lógicas; pero sobretodo a conside-rar las consecuencias que enfrentará el propio Estados Unidos y el orden mundial establecido, luego de que este sujeto de Derecho Internacional Público, violó principios fundamentales de su regulador e inobservó el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de consti-tuir uno de sus integrantes fundadores. Ante esta actitud, el resto de las naciones están llama-das a preservar e imponer la validez y reforzamiento tanto del Derecho Internacional Público como de la Organización de las Naciones Unidas en función de su propia seguridad.

Rebel Courts presents an argument that it is possible for non-state armed groups in situations of armed conflict to legally establish and operate a system of courts to administer justice. Neither the concept of the rule of law nor the general principle of state sovereignty stands in the way of framing an understanding of the rule of law adapted to the reality of rebel governance in the area of justice. Legal standards applicable to non-state armed groups in situations of international or non-international armed conflict, including international humanitarian law, international human rights law, and international criminal law, recognise their authority to regularly constitute or establish non-state courts. The lawful operation of such courts is of course subject to requirements of due process, corresponding to an array of guarantees that must be respected in all cases. Rebel courts that are regularly constituted and operate in a manner consistent with due process guarantees demand a certain degree of recognition by international institutions, by states not involved in the conflict, to some extent by the territorial state, and even by other non-state armed groups. These normative claims are grounded in a series of detailed case studies of the administration of justice by non-state armed groups in a diverse range of conflict situations, including the FARC (Colombia), Islamic State (Syria and Iraq), Taliban (Afghanistan), Tamil Tigers (Sri Lanka), PKK (Turkey), PYD (Syria), and KRG (Iraq).