"Esta obra aporta un modelo de resolución de casos penales desde la perspectiva de una dogmática penal moderna que incluye en la argumentación tanto la sistemática de los elementos configuradores del delito, como la comunicación existente entre la Sociedad y el Sistema penal integral. La aplicación de la ley penal sigue siendo una labor dogmática, pero que no solamente aporta una seguridad jurídica resultante de la correcta aplicación de las categorías del concepto de delito, sino que, además, está en condiciones de mostrar precisamente que esa solución goza de legitimación social. De este modo estamos ante una dogmática penal aplicada y no meramente abstracta, que no busca sólo “al interior del Derecho” las respuestas, sino en las “conexiones e interacciones del Derecho con la Sociedad”. Precisamente sólo con una referencia a la sociedad de la época es posible determinar si la decisión se compagina con las expectativas normativas recogidas en las normas, y si el Derecho penal está cumpliendo su función de reafirmación de la vigencia de dichas expectativas. Las reglas de la prueba, la imputación objetiva y subjetiva, constituyen algunos buenos ejemplos de cómo se viene desarrollando la idea que la abstracción que supone el quehacer dogmático viene a ser enriquecida por una dogmática penal que resuelve los problemas activamente en una hetero-comunicación dentro del sistema social en su conjunto".

El mundo hoy se encuentra globalizado. Tal vez, si algo tiene mayor ecumenicidad en él, es la temática fundamental de su existencia: los derechos humanos. Esto muestra una parado¬ja universal, pero también -local, que es imprescindible atenderla si no se quiere dislocar lo global. Ese entramado inexorable conlleva a otra paradoja: ¿cómo integrar lo internacional con lo nacional sin que lo uno y otro se auto deslegitimen? El primer aspecto es la actual y reconocida constitucionalización del derecho, en especial del derecho penal, que sin duda se encuentra en el núcleo duro de los derechos humanos, tal como lo demuestran las discusiones más álgidas, sobresalientes y características de la actualidad, las cuales resultan inseparables. Pero toda sociedad y cultura tienen sus iden¬tidades propias. De allí que se parta de un mínimo de garantías que deben reconocerse a nivel internacional, mismo que puede ser mejorado internamente, de manera que la im¬plementación de un acuerdo tiene que partir del principio pro homine o pro libertate, de conformidad con los artículos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en armonía con los artículos 1, 2,4,9,85,86,93 y 228 de la Carta Política. Este libro, de alguna manera, pretende como programa recorrer ese camino.

Bases para la incriminación de conductas - Principio de legalidad - Consideraciones sobre el injusto - Consideraciones sobre la imputación subjetiva - Causales que excluyen la estructuración del delito - Dogmática, constitución política y derechos fundamentales.

La obra que ahora prologamos, titulada Derecho penal constitucional. El principialismo penal, de autoría del profesor de la Universidad Externado de Colombia y Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, se sitúa en la perspectiva de ese modelo de fundamentación del derecho penal a partir de los contenidos normativos de los principios de la Constitución. En ella, el autor toma partido por una legitimación del derecho penal a partir de los principios constitucionales, soportando en ellos las bases de configuración de los derechos fundamentales, los que a su vez imponen especiales compromisos de respeto y protección de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. Tal postura se ancla en la idea en virtud de la cual una Constitución impone al Estado su organización con acatamiento a unos principios, a normas con alta carga de contenido político, haciendo relevantes valores como los de dignidad, libertad, democracia, pluralismo y garantía de los derechos de los asociados, pero además, muy especialmente, limitación al poder punitivo de ese Estado.