La responsabilidad penal de los menores constituye una de las cuestiones más actuales y polémicas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, inspirada en los principios contenidos en los documentos dictados por diversos organismos internacionales (singularmente la ONU y el Consejo de Europa) sobre la materia, pretendió dar una respuesta al fenómeno de la delincuencia de menores y jóvenes; si bien, estos principios han quedado un tanto diluidos con las sucesivas reformas operadas en la misma, siendo la última la reciente y decisiva LO 8/2006, de 4 de diciembre. Los presentes Comentarios tienen como objetivo contribuir a una aplicación razonable de la Ley, tras sus sucesivas reformas. Sus autores, profesores de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, realizan en la obra una extensa exégesis de cada uno de los preceptos, aderezada con concordancias legales, abundantes citas doctrinales a pie de página y múltiples referencias a las resoluciones judiciales emanadas de los Tribunales Constitucional y Supremo (cuando existen) y, fundamentalmente, de los Juzgados de Menores y de las Audiencias Provinciales al resolver los recursos interpuestos contra aquéllas. Se incorpora, además, un meticuloso índice analítico (que comprende también las voces del Reglamento de la Ley, aprobado por RD 1774/2004, de 30 de julio) y los textos internacionales más necesarios para una correcta interpretación del texto legal. Se trata, por tanto, de un instrumento imprescindible para toda persona interesada en el Derecho Penal de Menores en España.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores desde su entrada en vigor, ha sido objeto de varias reformas, siendo la última la producida mediante Ley Orgánica 8/2006, que ha tenido como objeto político-criminal, endurecer la respuesta penal a los menores de edad entre 14 y 18 años. Esta reforma ha eliminado la aplicación de la ley a los mayores de 18 y menores de 21 años, así como se ha posibilitado que a partir de la mayoría de edad, el cumplimiento de las medidas se efectúe en Centros Penitenciarios destinados a personas adultas.