El Derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar el orden social. El derecho procesal penal busca objetivos claramente concernientes al orden público. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, que implicó un rediseño de nuestro sistema de justicia, para convertirlo de carácter mixto a uno de carácter acusatorio y oral. Entre los objetivos de esta reforma destaca el de establecer un sistema de igualdad entre las partes, que reconozca y proteja plenamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano sea parte.

De forma sintética, con un lenguaje sencillo, el Senado de la República ha querido dar a conocer los principios, reglas y ventajas del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de Marzo de 2014. A manera de guía, se advierten los enunciados de los temas de la norma procesal única, así como su ámbito de aplicación, los principios del proceso penal acusatorio, la protección de los derechos del imputado, la ampliación de los derechos de las víctimas, las medidas cautelares y, entre otras, las formas de solución alterna del procedimiento.