El menor de edad es sujeto de derechos y miembro activo de la sociedad, declaración recogida en la normativa internacional, la Constitución y la LO 1/1996 de Protección del Menor. La sociedad y el legislador, atentos a la llamada de atención de los medios de comunicación y la exigencia derivada del art. 19 del Código Penal, demandan una respuesta diferenciada de la de adultos por los hechos delictivos cometidos, debatiendo en la actualidad cuál debe ser su contenido.La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha tomado decisiones político criminales en muchos aspectos: marco de edad de la intervención, principios, garantías procesales, intervención de la víctima, responsabilidad civil derivada del hecho, naturaleza de las medidas a imponer, ejecución, etc.La diversidad de cuestiones planteadas requiere de la intervención de profesionales de muy distinto signo: juristas, psicólogos, policías, servicios administrativos de protección de menores, etc. Los múltiples puntos de vista quedan recogidos en este volumen, aportando cada autor sus conocimientos y experiencia profesional.La demanda de responsabilidad al menor por la sociedad obliga a reflexionar sobre el grado de cumplimiento de los poderes públicos de la obligación de intervención eficaz para hacer efectivos los derechos de los jóvenes: política social relativa a la educación, el empleo y la vivienda; la indefensión frente a los nuevos medios técnicos utilizados como instrumentos lesivos de los menores, como es internet y, finalmente, la institución de la adopción, instrumento que permite integrar socialmente con pleno ejecicio de sus derechos a menores y que cada día alcanza mayores cifras.

"Con este libro he procurado ofrecer un análisis histórico-crítico, teórico, pero al mismo tiempo operativo, sobre el nacimiento y el desarrollo de la justicia de menores en Italia, manteniendo como fondo las vicisitudes institucionales del mismo tipo en Europa y en Occidente. El objetivo consistía en mostrar cómo en la base del concreto desarrollo conocido por tales instituciones había no sólo una concepción de la justicia social y de la justicia penal, sino también, y quizá, sobre todo, una precisa concepción sobre los menores, sobre los jóvenes y su relación con la sociedad, las instituciones y la justicia. El profundo desequilibrio existente por doquier entre las expectativas de la ideología reeducativa y los resultados concretos y cotidianos, empuja desde hace años a la búsqueda de soluciones de reforma que, no obstante, tardan mucho en aparecer y en definirse". Gaetano de Leo.

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

La plena satisfacción del derecho de acceso a la justicia de la infancia es aun en la actualidad una tarea pendiente. Este libro recoge algunas reflexiones que permiten entender por qué no podemos reconocer como plenamente satisfecho este derecho por medio de una aproximación desde la teoría de los Derechos Humanos y destacando algunos los elementos claves a trabajar para avanzar hacia una justicia más respetuosa con los derechos de las víctimas menores de edad. Se apoya para ello en la normativa nacional e internacional y algunas cifras esclarecedoras sobre la violencia contra la infancia; pero también en el sistema de justicia juvenil, en elementos claves que son aportados desde enfoques restaurativos para una mejor atención a las víctimas, y el análisis de otros sistemas de atención a las víctimas menores de edad como posibles referentes. Teniendo como eje central la participación de la infancia y la protección de sus derechos, revisa la adecuación del proceso judicial en atención a los derechos, necesidades e intereses de las víctimas menores de edad.