La presente monografía constituye un novedoso y profundo estudio comparativo de los artículos 320, 322 y 329 del Código penal referidos a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en materias tan sensibles para la sociedad como la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, el medio ambiente y los recursos naturales. La actuación manifiestamente ilegal de determinadas autoridades o servidores públicos (por acción u omisión) ha sido, en buena medida, la causante del gravísimo deterioro que han sufrido los bienes anteriormente citados, haciendo necesaria la intervención del Derecho Penal como ultima ratio. La presente obra pretende dar respuestas a la problemática surgida en relación con estos tipos específicos y está dividida en tres partes. La primera hace referencia al sustrato normativo que ha sido tenido en cuenta a la hora de tipificarse estos delitos; la segunda parte intenta delimitar lo que debe entenderse por «ordenación del territorio», «patrimonio histórico» y «medio ambiente» como bienes jurídicos protegidos; en la tercera parte se lleva a cabo el exhaustivo análisis de los tres preceptos punitivos antes indicados, teniendo muy en cuenta el actual Proyecto de Ley de modificación del Código penal, de 27 de noviembre de 2009, y la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El autor, Cristóbal Cantero Cerquella (Madrid, 1952), está licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1976) y es también Doctor en Derecho por la misma Universidad. Se dedica al ejercicio de la abogacía desde 1979, compartiendo esta actividad con la investigación y muy concretamente con el denominado Derecho penal ambiental. Ha desarrollado trabajos sobre El tipo imprudente del delito ecológico y La protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Está Diplomado en Derecho Ambiental (2001) por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e igualmente está en posesión de la Diplomatura de Estudios Avanzados (2001) por la U.A.M. ÍNDICE PRÓLOGO 7 NOTA PRELIMINAR 11 ABREVIATURAS 13 INTRODUCCIÓN 17 PRIMERA PARTE BASES PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE § 1. Sustrato normativo para la responsabilidad penal de las autoridades y funcionarios públicos 25 I. Los principios normativos supranacionales de la Unión Europea relativos a la ordenación del territorio, patrimonio cultural y medio ambiente. Documentos comunitarios básicos jurídicos-penales 26 II. El núcleo esencial de la Constitución española respecto a su repercusión en las incriminaciones especificas estudiadas 31 A) El medio ambiente, los recursos naturales y el acceso a la cultura como necesidad para el aseguramiento de una digna calidad de la vida y el pleno desarrollo de la personalidad del ciudadano 32 B) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 35 C) La referencia de los arts. 45.3 y 46 de la CE al uso de la vía penal en los delitos relativos al medio ambiente y al patrimonio cultural, y el alcance del art. 47 de la CE 38 III. El principio de unidad del ordenamiento jurídico como criterio esencial interpretativo en los tipos penales objeto de estudio 42 § 2. La responsabilidad funcionarial en el marco jurídico-penal 45 I. Los Poderes públicos y la genérica posición de garante de las Autoridades y Funcionarios públicos. Las garantías de protección y de control 45 II. Consideraciones de Derecho comparado respecto a la responsabilidad funcionarial en los delitos contra la ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico y el medio ambiente 48 A) Alemania 49 B) Italia 51 C) Francia 53 D) Rasgos comunes del sistema español y el Derecho comparado (Alemania, Italia y Francia) 56 SEGUNDA PARTE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE COMO BIENES JURÍDICOS OBJETO DE PROTECCIÓN PENAL Consideraciones previas 59 § 3. Los bienes jurídicos penalmente protegidos relativos a la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente y Recursos Naturales 61 I. Reflexiones acerca de la teoría del bien jurídico penalmente protegido y sobre los bienes jurídicos colectivos 61 A) Aproximación a la teoría del bien jurídico penalmente protegido 61 B) Los bienes jurídicos colectivos 68 II. La rúbrica del Título XVI del Libro II CP y su conexión con los Capítulos I, II y III del mismo 73 A) El Capítulo I del Tít. XVI «De los delitos sobre la ordenación del territorio» 75 B) El Capítulo II del Tít. XVI «De los delitos sobre el patrimonio histórico» 77 C) El Capítulo III del Tít. XVI «De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente» 79 III. La Ordenación del Territorio, el Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente como materia de protección penal en el Tít. XVI 80 A) Vínculos y diferencias existentes entre la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente. Necesidad de concreción de los mismos 81 B) Determinación de los presupuestos del bien jurídico-penal ¿Cumplen estos tres bienes colectivos con tales requisitos? 86 IV. Los intereses protegidos en los arts. 320, 322 y 329 CP 90 A) El «correcto funcionamiento de la Administración pública» como bien protegido genérico en los delitos previstos en los arts. 320, 322 y 329 CP 91 B) El uso y aprovechamiento racional del suelo como bien jurídico específicamente protegido en el art. 320 CP 96 C) La preservación de sus valores y la función social de bienes histórico-culturales españoles como bien jurídico específicamente protegido en el art. 322 CP 99 D) El ambiente natural como realidad física y el mantenimiento del equilibrio ecológico como bien jurídico a protegerse específicamente en el art. 329 CP 101 TERCERA PARTE LOS TIPOS PENALES RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL TITULO XVI DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL Consideraciones previas 109 § 4. Elaboración y concreción de los arts. 320, 322 y 329 del CP 113 I. Criterios políticos-criminales para la tipificación de las conductas objeto de estudio 113 A) La polémica sobre la tipificación específica de la responsabilidad penal de las Autoridades y Funcionarios públicos en las materias objeto de estudio 116 1. Necesidad de una tipificación específica respecto a los funcionarios públicos con competencias ambientales 119 2. La insuficiencia del delito de prevaricación administrativa respecto a los funcionarios públicos con competencias ambientales 123 B) Antecedentes prelegislativos, legislativos y la elaboración de los arts. 320, 322 y 329 CP 126 1. El Proyecto de Ley Orgánica de Código penal (PLOCP) de 17 enero 1980 126 2. La Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código penal de 1983 (PANCP) 128 3. Anteproyecto de Ley Orgánica de Código penal de 1992 (ALOCP) 129 4. Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1992 (PLOCP ‘92) 130 5. Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1994 (PLOCP ‘94) 132 C La Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal 132 D) Elaboración de los arts. 320, 322 y 329 CP de 1995 134 E) Valoración del proceso de elaboración legislativa de los arts. 320, 322 y 329 CP 139 II. La configuración de los tipos penales 141 A) Excurso: los delitos de peligro y leyes penales en blanco 142 1. El concepto de delitos de peligro en el Derecho penal 143 2. Sobre las leyes penales en blanco 145 B) Técnica legislativa empleada en los arts. 320, 322 y 329 CP en cuanto al riesgo de la conducta: diversas posiciones doctrinales sobre la naturaleza de los delitos previstos en estos preceptos 146 1. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos de peligro hipotético y de peligro abstracto puros (Gómez Tomillo) 147 2. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos exclusivamente de peligro hipotético (Sierra López) 149 3. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos obstáculo «sui generis» (Cuesta Pastor) 151 4. Los artículos 320, 322 y 329 CP como delitos «lesivos» (De la Mata Barranco) 155 5. Toma de postura 157 C. La exigencia constitucional de taxatividad y su compatibilidad con la técnica de ley penal en blanco utilizada en los arts. 320, 322 y 329 CP 163 III. El contenido del injusto en los arts. 320, 322 y 329 CP. Relación entre la peligrosidad de la acción y los bienes jurídicos protegidos 170 IV. Recapitulación 174 §. 5. Análisis de los arts. 320, 322 y 329 CP 177 Introducción 177 I. El tipo objetivo de los arts. 320, 322 y 329 CP 178 A. Cuestiones comunes en los tipos objetivos referidos 179 1. Consideraciones previas en cuanto a los sujetos de los delitos analizados 185 2. Especial referencia al sujeto activo (autoridades y funcionario público) 187 2.1. La función pública como elemento distintivo de los arts. 320, 322 y 329 CP 190 2.2. Concepto de Autoridad. Requisitos (art. 24.1 CP) 195 2.3. Concepto de Funcionario público (art. 24.2 CP) 199 2.3.1. Análisis de los elementos normativos del funcionario público 202 2.3.2. Nuevas formas y supuestos polémicos de funcionarios 206 2.3.3. Los miembros de los Colegios profesionales y su posible actividad como función publica 211 2.3.4. La actividad privada del funcionario público o autoridad en materias relacionadas con la ordenación del territorio, el patrimonio histórico o el medio ambiente 215 2.3.5. Las posturas de lege ferenda de Valeije Álvarez y Rebollo Vargas respecto a la determinación de las autoridades y funcionarios públicos como sujetos activos 216 2.4. Delimitación de los sujetos activos en los arts. 320, 322 y 329 CP. La distinta posición de su responsabilidad por motivos de su competencia 220 2.5. Toma de postura en relación a las autoridades y funcionarios públicos 228 2.6. Sobre el sujeto pasivo en los delitos de los arts. 320, 322 y 329 CP 230 3. La injusticia y/o ilegalidad del acto o resolución y la supresión del término «arbitrario» como elementos objetivos de los arts. 320, 322 y 329 CP 233 3.1. Problemática 233 3.2. Diferentes posiciones doctrinales respecto al elemento típico de la injusticia 234 3.3. Toma de postura respecto al elemento típico de la injusticia 240 3.4. La conexión entre la injusticia-arbitrariedad-ilegalidad (manifiesta) en los arts. 320, 322 y 329 CP 242 4. El «informe favorable» como primera conducta típica de los delitos analizados 245 4.1. Concepto y naturaleza del informe. El sujeto del informe y su carácter favorable 247 4.2. Contenido de la conducta típica informante y la diversificación de los informe (vinculantes, no vinculantes, preceptivos, no preceptivos/facultativos, informes orales, por adhesión etc.) 251 4.3. El «informe a favor» versus «visado». Su naturaleza jurídica 254 4.4. La problemática de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en los delitos objeto de estudio. Su naturaleza jurídica 258 4.5. Alcance y delimitación del «informe favorable» en estos delitos 265 4.5.1. El informe a favor como elemento típico autónomo 266 4.5.2. El informe a favor como elemento típico vinculado a la concesión de las licencias 268 4.5.3. Posición intermedia en relación al nexo informe/concesión licencia 270 4.5.4. Toma de postura 272 5. Concepto y consideraciones generales sobre las «licencias» 274 5.1. Alcance de las licencias típicas 276 5.2. La problemática de las licencias viciadas por nulidad o anulables a los efectos del apartado 2o. de los arts. 320, 322 y 329 CP 280 5.3. La cuestión del otorgamiento de la licencia por silencio administrativo positivo a los efectos de los tipos analizados 281 6. La referencia a la prevaricación común (art. 404 CP) 290 6.1.La tesis de la «prevaricación específica». El concepto de prevaricación 291 6.2. Referencia a los efectos de determinación de la pena 292 6.3. Toma de postura respecto a la referencia del art. 404 CP en los delitos de los arts. 320, 322 y 329 CP 294 7. La problemática de las conductas funcionariales omisivas en las materias delictivas objeto del presente análisis. Planteamiento 296 7.1. En cuanto a la emisión de informes injustos por omisión: alcance del art. 9 no. 1.3o. del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales (RSCL) en los tipos penales objeto de estudio 298 7.2. En cuanto a la conducta omisiva injusta de la autoridad o funcionario que afecta a la ordenación del territorio, al patrimonio histórico y al medio ambiente 301 8. Las conductas típicas del apartado segundo de los arts. 320, 322 y 329 CP. 308 8.1. Resolver por si mismo (órgano unipersonal) 311 8.2. La votación a favor de la concesión como miembro de un órgano colegiado. Planteamiento de la cuestión 313 8.2.1. Alcance de la votación respecto de la concesión de la licencia. El problema causal y las diferentes posturas doctrinales. 315 8.2.1.1. La cuestión procedimental en el «voto a favor» 316 8.2.1.2. La problemática del «voto a favor» como conducta típica autónoma 322 8.2.1.3. Toma de postura y critica respecto a la conducta típica del «voto a favor» 328 8.2.2. Variantes a la votación a favor 333 8.2.2.1. La abstención de la autoridad o funcionario a los efectos de los delitos analizados 333 8.2.2.2. El asentimiento en el órgano colegiado a los efectos de los delitos analizados 337 8.2.2.3. La ausencia en la votación de la autoridad o funcionario a los efectos de los delitos analizados 338 8.2.2.4. El Voto en contra, nulo o en blanco y el voto secreto de la autoridad o funcio-nario a los efectos de los delitos analizados 339 9. Recapitulación 341 B) Cuestiones específicas en los tipos objetivos referidos 350 1. Introducción 350 2. Elementos objetivos específicos del delito del art. 320 CP 351 2.1. ¿Necesidad de vincularlo con el tipo básico del art. 319 CP? 353 2.2. Los informes sobre proyectos de edificación o la concesión de licencias (ilegales) del art. 320.1 CP. Su concreción y determinación 356 2.2.1. El concepto de edificación versus construcción. Su carácter permanente 360 2.2.2. La problemática de las parcelaciones y las urbanizaciones ilegales respecto al art. 320 CP 362 2.3. La «contrariedad a las normas urbanísticas vigentes» del art. 320 CP 365 2.3.1. Delimitación del término urbanismo frente al de ordenación del territorio 367 2.3.2. Concreción y alcance del elemento típico «normas urbanísticas vigentes» del art. 320 CP 368 2.4. La gravedad de la infracción en el delito del art. 320 CP 375 2.5. La problemática jurídico-penal de la aprobación o modificación arbitraria de los planes urbanísticos (las «recalificaciones ilícitas» del suelo) 377 3. Elementos objetivos específicos del delito del art. 322 CP 381 3.1. Las conexiones o vínculos del delito del art. 322 CP con el tipo básico del art. 321 CP 382 3.2. Análisis del elemento típico «los proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos» del art. 322 CP. 384 3.2.1. El derribo proyectado e informado favorable e ilegalmente por la autoridad o funcionario público (de los edificios singularmente protegidos) como elemento objetivo del art. 322 CP. Los expedientes de ruina 386 3.2.2. La alteración proyectada e informada ilegal y favorablemente por la autoridad o funcionario público (de los edificios singularmente protegidos) como elemento típico del art. 322 CP 388 3.2.3. La singularidad y el concepto de «edificios» como elementos típicos del art. 322 CP 389 3.3. La gravedad de la infracción en el tipo penal del art. 322 CP 395 4. Elementos objetivos específicos del delito del art. 329 CP 395 4.1. La relevancia de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación, en el art. 329 CP 396 4.2. Determinación del elemento típico «funcionamiento de las industrias y actividades contaminantes» 401 4.3. La referencia a los artículos anteriores del art. 329 CP 403 4.4. El silenciamiento de las infracciones de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulan por parte de las autoridades o funcionarios acontecidas con motivo de sus inspecciones del art. 329 CP 407 5. El nexo de unión entre los apartados 1 y 2 de los arts. 320, 322 y 329 CP 419 6. Recapitulación 422 II. El tipo subjetivo de los arts. 320, 322 y 329 CP 428 1. El concepto «a sabiendas» 429 2. Problemática sobre la conexión entre el elemento subjetivo (a sabiendas) y el objetivo (la injusticia) 432 3. La forma dolosa en los artículos 320, 322 y 329 CP 437 3.1. El dolo directo (de primer y segundo grado) en los delitos estudiados 438 3.2. El dolo eventual en los arts. 320, 322 y 329 CP 440 3.2.1. Posiciones favorables a la apreciación de la concurrencia del dolo eventual 441 3.2.2. Posiciones contrarias a la aceptación del dolo eventual 444 3.2.3. Toma de posición 446 4. La forma imprudente en las responsabilidades funcionariales relativas a la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente 449 § 6. Iter criminis de los arts. 320, 322 y 329 CP 453 I. Consideraciones previas 453 II. La consumación 457 1. La consumación delictiva de las «conductas informantes a favor» de los arts 320.1, 322.1 y 329.1 CP 457 2. La consumación de la conducta de «conceder por sí mismo la licencia ilegal» de los arts. 320.2, 322.2 y 329.2 CP 463 3. La consumación de la conducta de «votar a favor de la concesión de licencia ilegal» en los arts 320.2, 322.2 y 329.2 CP 463 4. La consumación de la conducta del silenciamiento de infracciones con motivo de sus inspecciones del art. 329 CP 465 III. La tentativa 465 § 7. Las consecuencias jurídicas estipuladas en los arts. 320, 322 y 329 CP 469 I. Consideraciones generales 469 II. La problemática de la «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años» (art. 404 CP) como primera de las penas establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP 471 III. Las diferentes penas de prisión establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP (con carácter alternativo a la pena de multa) 474 IV. Las distintas penas de multa establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP (como alternativa a la pena de prisión) 478 V. La similitud penológica en los apartados uno y dos de los tipos penales estudiados 481 VI. Valoración final de las penas establecidas en los arts. 320, 322 y 329 CP 483 § 8. La cuestión concursal en estas responsabilidades funcionariales específicas 487 I. Introducción a esta problemática concursal 487 II. Previsibles concursos de leyes en este tipo de responsabilidades funcionariales 489 III. Análisis de la relación entre las conductas específicas objeto de estudio (arts. 320, 322 y 329 CP) y los tipos básicos (arts. 319, 321, 325.1 y 328 CP) 490 A) Análisis de la relación entre los arts. 320, 322 y 329 CP y el art. 404 CP 501 B) El concurso ideal de delitos entre los arts. 319, 321, 325.1 y 328 CP y el art. 404 CP como forma de responsabilidad penal de autoridades y funcionarios públicos con competencias en ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente 504 IV. Recapitulación 506 § 9. Significado, alcance y ubicación sistemática de las disposiciones comunes del Capítulo V del Título XVI CP 509 I. Introducción 509 II. La Cláusula del art. 338 CP 510 III. La Cláusula del art. 339 CP 512 IV. La Cláusula del art. 340 CP 513 BIBLIOGRAFÍA 515

Fornece um panorama sobre os avanços biotecnológicos, dando ênfase aos aspectos jurídicos e éticos do impacto destes na área genética sobre o homem e o meio ambiente.

The 2022 Inter-American Yearbook on Human Rights provides an extract of the principal jurisprudence of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. Part One contains the Decisions on the Merits of the Commission, and Part Two the Judgments and Decisions of the Court. The Yearbook is partly published as an English-Spanish bilingual edition. Some parts are in English or Spanish only. NB: This book is part of a four volume set. Vol. 1 ISBN: 978-90-04-71518-9 Vol. 2 ISBN: 978-90-04-71520-2 Vol. 3 ISBN: 978-90-04-71522-6 Vol. 4 ISBN: 978-90-04-71524-0

With industrialization and globalization, corporations acquired the capacity to influence social life for good or for ill. Yet, corporations are not traditional objects of criminal law. Justified by notions of personal moral guilt, criminal norms have been judged inapplicable to fictional persons, who ‘think’ and ‘act’ through human beings. The expansion of new corporate criminal liability (CCL) laws since the mid-1990s challenges this assumption. Our volume surveys current practice on CCL in 15 civil and common law jurisdictions, exploring the legal conditions for liability, the principles and options for sanctioning, and the procedures for investigating, charging and trying corporate offenders. It considers whether municipal CCL laws are converging around the notion of ‘corporate culture’, and, in any case, the implications of CCL for those charged with keeping corporations, and other legal entities, out of trouble.

A powerful analysis of why lies and falsehoods spread so rapidly now, and how we can reform our laws and policies regarding speech to alleviate the problem. Lying has been with us from time immemorial. Yet today is different-and in many respects worse. All over the world, people are circulating damaging lies, and these falsehoods are amplified as never before through powerful social media platforms that reach billions. Liars are saying that COVID-19 is a hoax. They are claiming that vaccines cause autism. They are lying about public officials and about people who aspire to high office. They are lying about their friends and neighbors. They are trying to sell products on the basis of untruths. Unfriendly governments, including Russia, are circulating lies in order to destabilize other nations, including the United Kingdom and the United States. In the face of those problems, the renowned legal scholar Cass Sunstein probes the fundamental question of how we can deter lies while also protecting freedom of speech. To be sure, we cannot eliminate lying, nor should we try to do so. Sunstein shows why free societies must generally allow falsehoods and lies, which cannot and should not be excised from democratic debate. A main reason is that we cannot trust governments to make unbiased judgments about what counts as "fake news." However, governments should have the power to regulate specific kinds of falsehoods: those that genuinely endanger health, safety, and the capacity of the public to govern itself. Sunstein also suggests that private institutions, such as Facebook and Twitter, have a great deal of room to stop the spread of falsehoods, and they should be exercising their authority far more than they are now doing. As Sunstein contends, we are allowing far too many lies, including those that both threaten public health and undermine the foundations of democracy itself.