La transparencia y el combate a la corrupción juegan un rol fundamental dentro la administración pública de los gobiernos federal, estatal y municipal, tanto en el establecimiento de objetivos, estrategias y acciones, así como en la formulación de políticas públicas; esta relación estratégica entre ambas, se da en la medida que la transparencia de la información pública permite el acceso a una cantidad inmensurable de datos que empodera al ciudadano para exigir a las instituciones públicas o privadas la información, explicación y justificación de su actos, lo que por ende, se convierte en un inhibidor de la corrupción.

Desde el comienzo de la administraci n del presidente Vicente Fox, M xico emprendi profundas mejoras en el seno de las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo Federal con el fin de tener un gobierno honesto y transparente, m s eficiente y de calidad, con el ciudadano como eje de la atenci n de la gesti n p blica. la Secretar a de la Funci n P blica ha tenido, en buena medida, la responsabilidad de impulsar e instrumentar los cambios requeridos. el lector encontrar en este volumen las principales estrategias y acciones ejecutadas Para lograr esos cambios, acordes a las exigencias de la moderna gesti n p blica que se practica en el mundo y a las necesidades de una sociedad y un pa s democr ticos.

"El Estado de derecho es, esencialmente, un Estado sometido a controles, primero, por parte de los ciudadanos mediante los mecanismos democráticos de participación política, comenzando por el ejercicio del sufragio; y segundo, por parte de los poderes constituidos en sus relaciones entre sí, que tienen que responder al principio de la separación de poderes, que es de su esencia. La Administración Pública, como instrumento del Estado para la gestión en nombre de la colectividad de los intereses generales, por tanto, es la primera que tiene que estar sujeta a controles tanto para asegurar el cumplimiento de los fines que tiene asignada, como el adecuado y eficiente manejo de los recursos públicos que se le asignan para ello. Para ello es que se han desarrollado importantes regulaciones legislativas sobre los mecanismos de control sobre la Administración Pública, los cuales incluso se han constitucionalizado, incluyéndose los destinados a asegurar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es evidente que no basta la consagración constitucional o legislativa de los mecanismos de control para asegurar su efectiva vigencia, siendo indispensable, para ello, como condición mínima, que el régimen político en el cual funcione el Estado y su Administración sea un régimen democrático, en el cual, entre sus elementos esenciales, esté garantizada la necesaria separación e independencia de los poderes públicos, cuya existencia es lo único que poder garantizar el control efectivo del ejercicio del poder por parte de los gobernantes". Allan R. Brewer-Carías.