Los autores de esta obra, en el marco de una posición cercana al conocimiento del proceso de la reforma procesal penal operada por la Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y por la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, ofrecen una amplia panorámica de las principales modificaciones que aquéllas introducen en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en una adecuada síntesis, que comprende siete capítulos, referidos a las siguientes materias: — estatuto jurídico de investigado; — estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril); — medidas de agilización de la justicia penal; — recuperación de activos procedentes del delito; — segunda instancia en el proceso penal, casación y revisión; — medidas de investigación tecnológica; — y otras modificaciones, como las referidas al procedimiento para el juicio sobre delitos leves. Aunque queda pendiente, por el momento, el inicialmente anunciado cambio radical del sistema de justicia penal, con las reformas ahora aprobadas se da un paso importante hacia la deseada y necesaria transformación del proceso penal en el marco de una nueva organización judicial.

En un proceso inédito de políticas públicas, que contempló la participación y colaboración de los tres poderes del Estado, de la comunidad jurídica, de la academia, de organismos de la investigación y el pensamiento y de los medios de comunicación, Chile logró transformar su vetusta Justicia Criminal inquisitoria y secreta en una adversarial, oral y pública.Soledad Alvear Valenzuela y Rafael Blanco Suárez, quienes impulsaron desde sus inicios la que fue llamada la ‘Reforma del Siglo’, se atrevieron a ir en este texto más allá de la descripción de la transformación de los procedimientos, aportando en materia de gestión de iniciativas modernizadoras del Estado.

La obra apunta las líneas y propuestas que deberían estar presentes en la renovación del proceso criminal y cuenta con la ventaja de que algunos de sus autores han sido protagonistas directos de alguno de los intentos de anteproyecto promovidos por el Ministerio, en cuanto miembros de su comisión redactora.