La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2008 exigía la adaptación del ordenamiento jurídico español a su espíritu y dictados. España debía abolir el tradicional sistema de incapacitación y expulsar de su ordenamiento jurídico cualquier restricción de la capacidad de obrar, pues el nuevo paradigma reconoce la plena capacidad jurídica término en el que, pese a ciertas discrepancias doctrinales, ahora se incluye la capacidad de obrar. El ordenamiento jurídico español mantiene aún el sistema a abolir, pero se han dado pasos importantes hacia la plena igualdad de las personas con discapacidad. La obra analiza los avances seguidos en tal dirección; así como las contradicciones existentes respecto al modelo de asistencia a implementar y las fricciones entre nuestro ordenamiento jurídico y los diversos tratados internacionales vigentes ratificados por España. Se incluye en este estudio un análisis del Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, actualmente en trámite, que abordaría por primera vez y de forma decidida la necesaria reforma para su adaptación a la citada Convención, finalizando con un apartado de conclusiones en el que se resume el criterio de la autora acerca de la consecución de dicho fin por parte del legislador.

El autor trata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y su impacto en el modelo de comprensión de la discapacidad y en particular se centra en su artículo 12, si bien trata otros artículos por la necesaria relación entre ellos. Aborda la legislación vigente, parte del derecho comparado, las posibles interpretaciones de las figuras existentes a la luz de la convención y un proyecto de reforma de nuestra legislación que aún se está debatiendo. Pretende tener una visión crítica de los pasos hasta ahora dados, pero concluye con una propuesta positiva y constructiva de la realidad que se presenta ante nosotros.

"Se impone una cabal reforma a las leyes sustantivas y procesales que permitan ajustar los dictados de la CDPD a nuestros ordenamientos internos, arcaicos y desfasados de los reclamos que en materia de discapacidad se exigen desde el Derecho (algunos países como Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, y muy pronto España, ya han dado pasos significativos en la construcción de este nuevo Derecho para las personas con discapacidad que transversalice todo el ordenamiento jurídico). Y no solo a partir de la CDPD sino también en las cien Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Empero, para avanzar se necesita ante todo sensibilidad humana. Los jueces no solo deben tener conocimiento del tema, han de estar al día en los estudios doctrinarios sobre discapacidad, tener herramientas jurídicas de la mano, saber interpretar el Derecho, integrar los principios generales y ahondar en la aplicación no solo del Derecho interno sino también de los tratados internacionales de derechos humanos. Algo similar debe acontecer con los notarios, abogados y fisca-les. Pero aún todo ello, se hace imprescindible su sensibilidad, más allá del sentido de una norma legal. Se impone entender la discapacidad, desterrar temores y esquemas geométricamente trazados". Leonardo B. Pérez Gallardo.

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en 2007, entró en vigor el 3 de mayo de 2008. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (Art. 1.1). Con base en dicho propósito, el art. 12.1 reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha dado el impulso definitivo a la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Nueva York. La reforma de la legislación procesal operada por la Ley 8/2021, ha determinado al legislador catalán a establecer, con urgencia —mientras culmina el proceso de adaptación del Código civil de Cataluña a la Convención de Nueva York—, un régimen legal adaptado a las premisas de la Convención de Nueva York, que sirva para dar respuesta a los nuevos procedimientos de provisión de apoyos, mediante el Decreto-ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. Transcurrido un año de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 y del Decreto-Ley 19/2021 de la Generalitat de Cataluña, en el marco del Proyecto 2018 DI 0078, los días 14 y 15 de septiembre de 2022, la Universidad de Barcelona acogió la celebración del primer congreso internacional sobre «El ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los apoyos cuya prestación asume la administración como derecho público subjetivo de las mismas». El Congreso, algunas de cuyas aportaciones se recogen en la presente obra, ha constituido un foro imprescindible para el análisis, la reflexión y el debate del nuevo paradigma sobre el que se construyen los conceptos de capacidad jurídica y de derecho público subjetivo a recibir apoyos para el ejercicio de la misma.

La presente Obra pretende ser una efectiva vía de difusión de la Convención y contribuir a alcanzar el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de derechos y libertades para todas las personas con discapacidad. Tomando como punto de inflexión la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la obra se analiza con rigor tanto el camino recorrido, recopilando trabajos e informes del Comité Especial de la ONU; como el que queda por recorrer para su integración tanto en el ordenamiento internacional como en los estatales. Recoge de forma sintética y sencilla los principales aspectos del instrumento convencional, así como un listado de referencias legales y doctrinales en materia de discapacidad, completando su temática con un índice de materias que facilita su localización en el texto. Contiene tanto el texto de la propia Convención como el Protocolo facultativo aprobados por el Comité Especial, y la Asamblea General de Naciones Unidas.

Desde que España ratificara la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, la idea de repensar el sistema de protección de dichas personas ha estado presente en todo momento. Queda todavía bastante camino por recorrer desde lo que hoy se entiende como procedimiento de modificación de la capacidad de obrar a lo que probablemente llegue a ser el procedimiento de determinación de apoyos. En esta monografía se realiza un acercamiento fidedigno a la realidad de la discapacidad en nuestro país, adentrándonos en el, hasta ahora, principal mecanismo de protección de las personas con discapacidad, para abrir las miras hacia otros más acordes con la propia Convención. De especial relevancia resultan las sentencias referidas en este trabajo, algunas de las cuales, son dignas de la mejor doctrina. A fin de cuentas, son nuestros Jueces y Tribunales los que están optando por dar cumplimiento a la Convención a través de la elaboración de sentencias que son auténticos «trajes a medida» para cada una de las personas con discapacidad. Hoy, la discapacidad se ha convertido en el talón de Aquiles de nuestra sociedad y demanda la posición igualitaria que preconiza la Convención. Es el momento de abandonar instrumentos y medidas de protección trasnochadas y abanderar un nuevo sistema de apoyos más ágil, eficaz y proporcionado que permita que la protección de los derechos e intereses de las personas con discapacidad deje de ser una entelequia y se convierta en auténtica realidad. Mª José García Alguacil, la autora, fue Premio extraordinario de Licenciatura en 1994, Doctora en Derecho con la Tesis: «Consolidación y Derechos reales en cosa propia. La consolidación como causa de extinción de los Derechos reales limitados» y es, en la actualidad, Profesora Titular de Derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. En su labor investigadora ha formado parte de varios Proyectos de investigación («Derecho inmobiliario y de la Construcción», «Derecho de la actividad turística», «Principios constitucionales sobre Derechos de la persona en la legislación civil», etc.). Autora de un libro de referencia junto al Prof. J.M Ruiz-Rico Ruiz sobre «La representación legal de menores e incapaces. Contenido y límites de la actividad representativa», ha publicado otros trabajos de investigación sobre diversos temas de su especialidad. Hace nueve años, decidió adentrarse en el mundo de las personas con discapacidad, publicando algunos artículos sobre la materia y coordinando el Primer Congreso sobre la Protección de los mayores discapacitados, celebrado en octubre de 2015, que reunió a prestigiosos profesionales de los distintos ámbitos relacionados con la discapacidad. Actualmente dirige el Título de Experto Universitario en Protección de los mayores vulnerables en Málaga.