CONTENIDO: Posición del problema - La historia de la pena y la individualización de la pena - La escuela clásica y la falta de individualización - La escuela neoclásica y la individualización fundamentada en la responsabilidad - La escuela italiana y la individualización fundamentada sobre la temibilidad - Responsabilidad e individualización judicial - La individualización administrativa.

Se produce hoy un movimiento que tiene por objeto desprender el derecho de las fórmulas puramente abstractas que, para el vulgo, al menos, parecen sustraerle al contacto de la vida. No cabe duda de que el derecho civil sufrirá, más tarde o más temprano, una transformación de este género. Entre tanto la evolución principia por el derecho penal; y puede decirse que comienza de un modo atrevido. Se explica fácilmente, por otra parte, que haya sido este elegido como terreno de experiencia. De todas las leyes que presiden a la organización de las sociedades es, en efecto, seguramente, la más antigua y la más ineluctable, la ley de defensa social, en cuya virtud todo organismo, todo agregado de seres vivos, rechaza instintivamente los elementos que se niegan a someterse a las condiciones de su existencia propia, le atacan abiertamente o dificultan su desarrolla vital. Ahora bien; el derecho penal no es otra cosa. Es la traducción en el dominio de las leyes positivas de las necesidades de defensa social; o más bien es como el instrumento mismo de defensa social acomodado a las exigencias de la idea de justicia. Porque la sociología, no hay que cansarse de repetirlo, no es solamente una coordinación de hechos de observación; por lo mismo que es una ciencia social, la ciencia social, por excelencia, debe tener al hombre por objeto, a la vez que por sujeto activo. Se estudia, sin duda, en las condiciones del grupo organizado en que vive; pero las leyes que descubre se refieren al hombre, en cuanto debe realizarlas. Y así es como en sociología el hombre es a la vez objeto y sujeto de la ciencia: esta debe, pues, aceptarlo, no solo con sus propiedades sociales, sino en todo el conjunto de su ser psicológico. RAYMOND SALEILLES

Aunque la doctrina penal se ha ocupado intensamente tanto del análisis de la dogmática del delito como de las teorías de la pena tratando de dotar al justiciable de las máximas garantías, el desarrollo teórico alcanzado en el estudio de las consecuencias jurídicas, en especial en lo referido a su individualización judicial, no ha tenido idéntico recorrido analítico pese a la relevancia de las cuestiones que se suscitan. Mientras la Teoría Jurídica del Delito, cuya finalidad es la elaboración de los presupuestos dogmáticos de la punibilidad (antijuridicidad y culpabilidad), ha ido a lo largo de los años adquiriendo un gran desarrollo, no ha sido así respecto de la Teoría de la Individualización de la Pena, es decir, respecto del cuánto o, en su caso, la clase de pena a imponer. Este trabajo se dedica a la determinación y aplicación de la pena de prisión en particular, a la que se atribuyen efectos perturbadores e, incluso, devastadores para quien la sufre. Sus consecuencias sociales, familiares, personales y laborales sobradamente conocidas, permiten afirmar que su uso debería ser limitado en la medida en que sea necesario para el logro de los legítimos fines del Derecho penal. La monografía contiene dos partes de distinta naturaleza. La primera de ellas, eminentemente teórica, se plantea la dogmática del origen, del cómo y del porqué de la determinación de la pena. En una segunda parte, de naturaleza más aplicativa, se abordará la regulación positiva de la determinación de la pena de prisión prevista en los arts. 61 a 79 del código penal, y la forma de proceder de los órganos judiciales en la práctica, mediante el análisis de una abundante jurisprudencia.María José Cruz Blanca es Doctora en Derecho por la Universidad de Granada (1999), Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad de Jaén, y miembro del Grupo de Investigación “Derecho penal, Criminología, Democracia y Derechos Fundamentales” (SEJ-428). Ha participado en distintos proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional y es autora de numerosas publicaciones de la parte general y especial del Derecho penal, destacando entre sus líneas de investigación temas relacionados con el Derecho penal de menores, Tenencia ilícita de armas, corrupción en el ámbito de la Administración de Justicia y delitos electorales, entre otros muchos. Así mismo, es coordinadora de la colección “IA, Robots, y Bioderecho” de la editorial Dykinson. La autora es miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), de la Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP), de la Asociación de Profesorado de Derecho penal de las Universidades Españolas (ASOCPDP) y de la Associazione florentina “Centro Studi e Ricerche sull´infanzia e l´adolescenza” (CONTACT).