Es un hecho, no menesteroso de gran contrastación, la existencia, dentro de un sector muy amplio de la sociedad española, de una opinión constante sobre que, en el nada exiguo campo de lo penal (en su dimensión sustantiva, procesal y penitenciaria), puede y debe observarse, al menos para el propio País, muy relevantes desequilibrios. Siendo los más llamativos los consistentes en trato desigual, con respecto al reconocimiento de derechos y deberes de cada una de las partes “naturales”, contendientes en el conflicto traído por el hecho criminoso. Debidos principalmente, gran parte de aquéllos, a determinados planteamientos y técnicas legales, a algunas resoluciones judiciales (sean de ámbito nacional o internacional (recuérdese las últimas sentencias del TEDH versus España) o a ambas. Siendo llamativo, también, que serían, según la precitada opinión, los delincuentes más peligrosos (midiendo la peligrosidad por la entidad y gravedad del bien jurídico por ellos quebrantado y por su “modus operandi”, técnicamente avanzado y dolosamente sibilino) los más beneficiados. Todo ello, a costa de la sociedad en cuanto tal y, sobre todo, de las víctimas concretas, directas o individualizadas. Partiendo, el autor, de que, a su juicio, esas observaciones-persuasiones de la ciudadanía tienen fundamento, dice ser exigible esta pregunta: ¿Dónde tienen su origen tales desequilibrios y lagunas? Y, en su respuesta, viene a sugerir que: Un examen sosegado de algunas de esas leyes, de esas resoluciones judiciales (sea en el ámbito procesal o penitenciario) permitiría, según él, avanzar lo que sigue. Que, al tiempo de abordar la resolución de algunos conflictos penales complejos (sea en fase legal, judicial, o penitenciario, o en las tres) parece no tenerse, suficientemente presente, por los sujetos activos de decisión, las exigencias impuestas, para estos casos, por los postulados fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho. O sea, tenerse que resolver estas cuestiones de manera que sean respetados, equitativamente, los derechos, y delimitados correlativamente los deberes, de cada uno de los contendientes entre sí (sociedad como tal, víctimas concretas o directas y el reo o delincuente) durante el “continuum” en que se extiende el contencioso del hecho criminal que se sustancia. Las leyes, resoluciones judiciales, resoluciones administrativo-penitenciarias, que no satisfagan esa triple demanda de parte, han de ser tildadas de injustas, porque injusticia es no dar a todos y cada uno lo que en derecho les pertenece y en la medida en que les pertenece. O agrandar los derechos de unos a fuer de aminorar, ilícitamente, los derechos de los otros. Pero, en consecuencia, ¿cómo es factible salir de este círculo jurídico-penal marcadamente deficitario y, por lo mismo, injusto? Teniendo la decisión eficaz, por los responsables democráticos de gestionar la “res publica”, de crear un Derecho penal destinado a proteger, por igual, a dichas partes. Naturalmente, sin dejar de tener en cuenta, claro está, la distinta situación de cada una de ellas, respecto a las consecuencias derivadas del fenómeno delincuencial, aquí y ahora, contendido. En esta obra se recalca, desde luego, la imperiosa necesidad de construir, en serio, un Derecho Penal también para las víctimas. Pues bien. Un Derecho penal (en su triple vertiente), con tales características, sólo puede ser construido si existe firme compromiso, por los mencionados responsables, de imponer como criterios informadores irrenunciables, en la creación, interpretación, aplicación y ejecución del mismo, los valores superiores ético-jurídicos (justicia, igualdad, libertad, dignidad de la persona…) que campean en el frontispicio de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Valores que, por ello, han de impregnar los principios específicos fundamentales de cada una de las ramas jurídicas (aquí, las tres ramas del Derecho penal). Derivando el mensaje de aquéllos y éstos hacia la elaboración, interpretación y ejecución de sus leyes. Única forma, también, de que cobre mesura el ejercicio de los derechos humanos, que al tener que practicase en sociedad, éste no puede ser ilimitado, pues se producirían invasiones excluyentes y, por ello, inadmisibles por ilícitas. Para la realización de esos fines, ha de llevarse a cabo, los correspondientes juicios de compensación, entre sí, de tales principios bajo la égida de dichos valores. He aquí el objeto de reflexión de este libro, para propuesta de alguna solución a cuestiones tan complejas.

Fundamentos de Política criminal ofrece una visión original de temas clásicos. El autor procede a una sistematización de las diversas proposiciones empleadas comúnmente en la Política criminal: desde la regla nullum crimen sine lege, hasta la presunción de inocencia, pasando por la abolición de la pena de muerte y la tortura, así como el ne bis in idem. A juicio de su autor, es posible esa sistematización con base en tres principios (seguridad, legalidad y respeto de la dignidad), que diferencia de las diversas y abundantes reglas y sus consiguientes excepciones. De ahí el subtítulo que se ha dado a la obra: Un retorno a los principios, que es una mirada a los orígenes filosóficos, jurídicos y antropológicos del Derecho y de la Política. El autor elabora un estudio inductivo de los enunciados vigentes en las decisiones del legislador, la judicatura y la Administración, para indagar a continuación los principios que les dan sentido. De este modo, se asume la tarea de aportar una fundamentación racional a la práctica político-criminal del Estado: se hace patente la racionalidad interna de las decisiones cotidianas de la Política frente al delito y a la vez se aportan claridad y elementos de crítica de las decisiones político-criminales al uso.

Debates epistemológicos y desarrollos históricos - Constitucionalismo social y política criminal: inicios, desarrollos y crisis - El estado español y la política criminal en el nuevo milenio.