En República Dominicana la proporción de hombres y mujeres a nivel de población es equilibrada, sin embargo, este equilibrio en cantidades no es igual cuando hablamos de equidad de género. La participación de la mujer en la educación superior fue de un 62% en el año 2010, sin embargo, esto se contradice cuando vemos la ocupación laboral, en donde los hombres son mayoría, es decir, se da la misma situación pero a la inversa. A nivel normativo, la Constitución promulgada en el 2010 coloca la equidad de género como una política transversal a todos los niveles, lo mismo ocurre con la Estrategia Nacional de Desarrollo - END 2030, que recoge la visión-país a largo plazo e incorpora el enfoque de género en todos los planes, políticas y proyectos a ser desarrollados. En cuanto al empleo público, existe la Ley 41-08 de Función Pública, que menciona la equidad de género, pero según algunos expertos se hace forma muy “tímida”, y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada para normar las funciones y competencias de todos los ayuntamientos del país. En la misma se plantea en múltiples artículos la equidad de género como política transversal en todas las actuaciones de los ayuntamientos. Otras iniciativas incluyen la definición de una cuota de participación femenina del 33% en la boleta electoral y la creación del Ministerio de la Mujer, como órgano responsable de impulsar políticas públicas con enfoque de género. En cuanto al gestión de la calidad, desde el Ministerio de Administración Pública se han estado difundiendo unas herramientas que buscan mejorar la gestión, la eficiencia y la satisfacción del ciudadano, las principales han sido, hasta el momento, el Modelo CAF (Marco Común de Evaluación), herramienta diseñada para que las instituciones públicas realicen una autoevaluación que les permita identificar puntos fuertes y áreas de mejora, y la Carta Compromiso al Ciudadano, que recoge en un único documento, informaciones relativas a los servicios que ofrece la institución, los niveles de calidad con que serán prestados y otros datos para la participación ciudadana y la presentación de quejas y sugerencias. Ambas herramientas son de implementación obligatoria según del Decreto 211-10. En los análisis realizados a las bases de datos del Ministerio de Administración Pública, para identificar el impacto que pudiera tener el género en los resultados de las instituciones en temas de calidad, se encontró que de los veinte ministerios que existen, solo cuatro están dirigidos por mujeres, este mismo desequilibrio se encuentra para los cargos de viceministros y otros cargos de dirección, sin embargo, en el total de empleados, en los veinte ministerios, las mujeres son mayoría, hecho que se debe a los Ministerio de Salud y Educación, en donde históricamente la presencia de la mujer ha sido mayor. Al establecer una comparación entre el sexo de quien dirige una institución (ministro o ministra), y los resultados a nivel del cumplimiento del Decreto 211-10, durante el 2014, diez ministerios trabajaron alguna de las herramientas de calidad, en el resto no se identificó ningún avance. De este grupo, siete están dirigidos por hombres y tres por mujeres. Si esto se compara con la proporción general de hombres y mujeres en los cargos de ministros, se refleja un ligero avance en los resultados de las mujeres (ministros: 80%, ministras: 20%; ministerios dirigidos por hombres con algún avance en calidad: 70%, ministerios dirigidos por mujeres con algún avance en calidad: 30%). Haciendo el mismo análisis, pero en función de la cantidad de hombres y mujeres en nómina, se encontró que de estos 10 ministerios con algún avance en calidad, 6 tenían una mayor presencia femenina, además fueron los que presentaron los niveles más altos de cumplimiento. Si bien, no existe equidad de género en los altos cargos ministeriales, los datos apuntan a que la presencia femenina tanto en cargos de dirección como en el resto, es determinante para la implementación de las herramientas de calidad establecidas en el Decreto 211-10.

En esta obra, un grupo de investigadoras e investigadores hace una reflexión sobre la inclusión de la perspectiva de género en diversas políticas públicas enfocadas al cumplimiento de la Agenda 2030. Ellas y ellos realizan un examen de las problemáticas prioritarias, los diagnósticos, las fuentes de información y los indicadores incluidos en diversos planes y programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A partir de este análisis, destaca la necesidad de instrumentar políticas más eficientes que permitan eliminar las barreras que frenan a las mujeres y a las niñas en el ejercicio de sus derechos.

Este libro reúne una serie de estudios temáticos y de casos que recorren los temas cruciales que componen el marco actual de la agenda en favor de la equidad de género aplicada a las políticas sociales en América Latina. Este segundo tomo presenta los problemas sociales referidos a sistemas de seguridad social, políticas de conciliación trabajo-familia y de superación de la pobreza. Además, desarrolla un apartado sobre problemas metodológicos que son frecuentes en la aplicación de la perspectiva de género al campo de las políticas públicas.

La baja maternal, el seguro de maternidad o la compatibilidad del derecho a los cuidados con el derecho al trabajo de las mujeres son ejemplos de las llamadas “políticas familiares”. Pese a los avances que han promovido, la igualdad de género dista de ser una realidad plena en Europa y el resto del mundo. Las mujeres siguen especializadas en los trabajos de cuidados, lo que condiciona su autonomía y su inclusión en el ámbito laboral y político. ¿En qué medida los estados de bienestar europeos, a través de las políticas públicas y su giro neoliberal, han sido cómplices de la persistencia de la división sexual del trabajo y del desigual reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres? ¿Cuál ha sido la influencia del modelo de la mujer-madre y sus discursos maternalistas en las desigualdades que afectan a las mujeres? ¿Es posible concebir una sociedad democrática sin plantearse la democratización de la familia ni la corresponsabilidad y socialización de los cuidados? ¿Cómo abordan estas cuestiones los distintos debates feministas? Si bien las políticas públicas pueden ser un instrumento para la transformación de los roles de género y del modelo de sociedad, no todas las políticas públicas tienen el mismo alcance ni todas son diseñadas con estos fines. Los permisos por nacimiento son una de las piedras de toque para calibrar la repercusión de dichas políticas en materia de igualdad. Siguiendo la evolución de estos permisos en más de 25 países europeos, Carmen Castro analiza tanto los enfoques y tendencias como los efectos que han tenido sobre el comportamiento masculino en las sociedades europeas y aporta pistas para vislumbrar, en el actual contexto de crisis, qué nuevos escenarios se abren para la (des)igualdad.