La participación en el ámbito escolar puede oscilar desde la mera recepción de información a la adopción de decisiones con trascendencia en la vida de los centros. Nuestra Constitución plantea que profesores, padres y, en su caso, alumnos participarán en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. El concepto de participación del que se habla en este libro se refiere a la intervención en órganos colegiados –consejos escolares de centro- en los que pueden estar representados los tres estamentos citados. En primer lugar se analiza el debate en torno a esta cuestión en los primeros años de la transición en España y su continuidad en las discusiones sobre el artículo 27 de la Constitución, la LOECE y la LODE. Padres y madres precisan de un discurso específico que justifique su participación en la vida de los centros. Todo ello lo analiza el autor a través de las representaciones que tienen estos en las dos confederaciones nacionales de padres y madres (CEAPA y CONCAPA). Finalmente la obra incluye lo que ha dado de sí la participación en los consejos de centro tras veinticinco años de existencia. Si bien la elección de centro no es un acto participativo en sí mismo, el hecho de que una de las confederaciones nacionales de padres y buena parte de los grupos conservadores lo consideren el paso previo a la participación aconseja incluirlo en el análisis que sobre la libertad de enseñanza aquí se presenta.

Recoge la Ley que trata de conseguir una educación a la que tengan acceso todos los niños y jóvenes españoles con vistas a una participación comprometida, responsable e ilustrada en las tareas sociales, cívicas y laborales que puedan corresponderles en la vida adulta.

Los estudios publicados en este volumen responden a las inquietudes relativas a la autonomía de los centros escolares en sus tres principales dimensiones: financiera, administrativa y pedagógica. Se destaca el papel que representa en los centros el concepto de comunidad educativa y las condiciones necesarias para su puesta en práctica, prestando especial atención a la existencia en su seno de mecanismos de participación social. Asimismo, se pone de manifiesto que la modificación de los modelos de gestión y de gobierno escolar en los sistemas educativos de nuestra región no está exenta de problemas importantes relacionados con la justicia social y con la eficacia de los sistemas educativos. Por último, se analizan corrientes y autores que promueven iniciativas de reforma de la organización escolar en otros países, demostrando que los paradigmas en los que se fundamentan pueden ser inadecuados para el contexto iberoamericano.