Un número importante de los recursos de amparo que se presentan ante el Tribunal Constitucional se fundamentan en la presunta violación del principio de igualdad del art.14 de la Constitución española. Esto ha obligado al Alto Tribunal a crear y precisar una doctrina jurisprudencial sobre el mismo que, sistematizada a lo largo de los años ochenta, viene aplicando a los más diversos supuestos. El autor de esta obra estudia críticamente dicha doctrina en su doble vertiente de igualdad "en la ley" e igualdad en "la aplicación de la ley", profundiza, desde las aportaciones de la actual Teoría del Derecho, en las tres categrías en las que nuestra Constitución ha palsmado el ideal de la igualdad -como valor, como principio y como derecho fundamental-, y se adentra en el análisis del juicio o test de razonabilidad mediante el que el Tribunal determina la constitucionalidad o no de un acto legislativo o de una decisión judicial.

Este estudio histórico se divide en tres partes: la primera se extiende hasta las revoluciones del siglo XVIII, un largo período en el que será posible constatar cómo la igualdad jurídica existió sólo excepcionalmente a lo largo de la Historia anterior a 1789. La segunda parte comienza con un análisis del sentido de las proclamaciones formales de igualdad en los contextos de las revoluciones francesa y americana, para continuar con un estudio de la plasmación del principio de igualdad en los textos constitucionales europeos del siglo XIX. La tercera parte se centra en la evolución de este principio a lo largo del siglo XX, un siglo en el cual se han incorporado nuevas dimensiones a la noción de igualdad, en el contexto del Estado social y democrático de Derecho. Se verá también cómo las tendencias actuales, enmarcadas en el proceso de globalización económica, se mueven más bien en línea de retroceso, al menos en lo que se refiere a la equiparación de los niveles de igualdad material y al reconocimiento, protección y garantía de los derechos sociales.

El principio del Estado Social es el fundamento de una acción normativa que atienda a la igualdad y las condiciones de vida. A partir de esta premisa, siguiendo a la mejor doctrina continental europea sobre este tema, el autor realiza un exhaustivo análisis acerca de su significado e implicaciones jurídicas, con especial referencia a la situación constitucional española, afirmando que si el principio del Estado de Derecho limita la actividad del Estado y el principio Democrático legitima el carácter abierto al futuro, el principio del Estado Social impone a todos los poderes públicos la tarea de contribuir a la formación social, al tiempo que les obliga a respetar el programa del Estado de bienestar social y los objetivos de igualdad material y justicia social.