La comunidad internacional logro recientemente llegar a un consenso en la condena de los actos y actividades terroristas. Esa condena supone una radical novedad en el derecho internacional, permitiendo identificar el concepto normativo de terrorismo internacional y, a su vez, precisar el alcance general de las obligaciones internacionales de los estados relativas a su prevención y, en su caso, represión (aut dedere, aut judicare). En efecto, tal concepto normativo cubre la generalidad de actos y actividades terroristas que tienen una manifestación en la realidad internacional, y las obligaciones son exigibles hoy día a todos los estados. En este sentido, la implicación de un estado en actos y actividades de terrorismo internacional compromete su responsabilidad internacional e, incluso, podría calificarse como crimen internacional. Esta consideración abre el abanico de los derechos y obligaciones de los estados distintos del estado responsable: Las obligaciones relativas a la prevención y represión de los actos y actividades terroristas son tan esenciales para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación grave permite a todos los estados (actio popularis), y les obliga incluso, a reaccionar ante su violación grave. La reacción de los terceros estados, esto es, distintos del estado víctima, debe encauzarse en principio a través del mecanismo institucionalizado en la carta de las Naciones Unidas (actio publica). no obstante, la practica internacional pone de manifiesto la tensión existente entre las reacciones unilaterales y las institucionales.

En este nuevo libro, dedicado a los delitos de terrorismo, los autores examinan la evolución experimentada en el tratamiento penal de este fenómeno criminal, considerado hoy como una de las mayores amenazas para el Estado de Derecho, y que España ha sufrido duramente desde hace tiempo como consecuencia de los atentados de las organizaciones terroristas de Eta y Grapo. Una amenaza intensificada en los últimos años, no sólo en nuestro país sino también en la comunidad internacional, como consecuencia del terrorismo yihadista, que presenta nuevas formas y características y que, por tanto, exige una respuesta penal adecuada, más eficiente y en forma coordinada, de todos los países. El libro contiene cuatro capítulos. El Capítulo I comprende un conjunto de reflexiones sobre estos delitos, con referencia a ciertas consecuencias que han llevado a afirmar aquí una especie de derecho penal de excepción, e incluyéndolos en categorías tales como el «derecho penal del enemigo» o en una «tercera velocidad » que abarcaría estos delitos. En el Capítulo II se examinan los principales instrumentos normativos que representan actualmente la respuesta internacional frente al terrorismo. El Capítulo III está dedicado a los delitos de terrorismo del Código penal español, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2015. Y, por último, el Capítulo IV aborda todo lo relacionado con las víctimas del terrorismo, cuyo reconocimiento y apoyo constituye una pieza esencial de la respuesta de la justicia penal, en coherencia con lo expresado al respecto por las Naciones Unidas. Manuel Jaén Vallejo es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular de Derecho Penal y Magistrado (número 1 de su promoción). Ha sido Letrado del Tribunal Supremo, Magistrado Juez de Instrucción de Marbella, Magistrado de las Audiencias Provinciales de Las Palmas y de Girona, y Asesor del Ministerio de Justicia. Ángel Luis Perrino Pérez es Fiscal de carrera. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U, superó las pruebas de acceso a las carreras Judicial y Fiscal en el año 2003. Ha desempeñado sus funciones como Fiscal en el T.S.J de Cataluña, T.S.J de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, y como Fiscal Asesor en el Ministerio de Justicia. Enrique Agudo Fernández es Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude) por la Universidad de Granada, y ha sido docente en las Universidades de Valladolid y Carlos III de Madrid. Actualmente presta sus servicios como Magistrado Asesor en el Ministerio de Justicia.